Las medidas para avanzar hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente son distintas y variadas dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se mire. Baleares ha sido una de las comunidades que ha planteado medidas más drásticas y, a la vista de Faconauto, inoportunas y desfavorables para la industria.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de España ha decidido estudiar, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación con Baleares, la constitucionalidad o no de la Ley de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma, aprobada el pasado 12 de febrero, que recoge, entre otros puntos, la prohibición de los vehículos diésel en la región desde 2025.

A partir de la publicación en el BOE, Faconauto informa de que la Administración Central pasará a negociar con el ejecutivo balear los distintos puntos de desacuerdo, con el fin de resolver las discrepancias con determinados artículos y disposiciones de la norma. Los acuerdos obtenidos en la Comisión Bilateral deberán de comunicarse, en su efecto, al Tribunal Constitucional.

Los puntos que causan una mayor disconformidad con el Gobierno son los artículos que recogen el veto al acceso a los coches diésel a la región desde 2025 y la prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035.

La Comisión tiene un plazo de nueve meses desde su creación para llegar a una conclusión. En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la legalidad de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, se pasaría a la vía judicial y a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.