El texto de la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que llegará al Congreso antes de que acabe el año, recoge también la prohibición de que estos vehículos circulen por las ciudades en 2050, así como la obligación de instalar puntos de recarga para eléctricos en gasolineras, informa El País. La propuesta también incluye que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones "no más tarde de 2023".

El objetivo general que plantea el Gobierno para la futura ley es que, en 2030, las emisiones de España sean de 230 millones de toneladas de CO2 equivalente, la medida que se utiliza para los gases de efecto invernadero, frente a las 339 millones de toneladas actuales. Esto supone un 20% de reducción respecto a los niveles de 1990, según la información de El País.

El Ministerio sostiene que el objetivo que plantea es muy ambicioso, más de lo que exige la Comisión Europea, cuyas políticas implicarían que España podría emitir un máximo de 290 millones de toneladas en 2030, 60 más del objetivo que establece la ley.

La proposición de ley recoge también la prohibición de que estos vehículos circulen por las ciudades en 2050, así como la obligación de instalar puntos de recarga para eléctricos en gasolineras

Además, en 2030, el 35% de todo el consumo de energía de España debería ser de origen renovable y al menos el 70% de la generación de electricidad tendrá que ser limpia, según el borrador del Ministerio. Respecto a los objetivos a largo plazo, en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país deberán haberse reducido un 90% respecto a 1990 y todo el sistema eléctrico deberá ser renovable.

Entre las medidas que también contempla el texto se encuentra la prohibición de la utilización de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer petróleo y gas. Además, a partir de la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para prospección y explotación de hidrocarburos, ni en tierra ni mar. Los permisos vigentes no podrán seguir operando más allá de 2040.

La ley tendrá que ser negociada en el Congreso y al no contar el PSOE con la mayoría necesaria, los plazos se pueden dilatar. El Gobierno y Podemos han constituido un grupo de trabajo en el Congreso y el resto de grupos han recibido el documento hace unos días.

Reino Unido y Francia han propuesto medidas similares para 2040. Y otros países, como Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda, plantean un horizonte de 2030 para esta prohibición, mientras que Noruega aplicará esta norma en 2025.