Durante el tercer trimestre de 2013 se registraron más de 1.700 nuevos procesos concursales, según indica el seguimiento de las insolvencias judiciales en España, que realiza el Área de Administración de Riesgos de 'Crédito y Caución' a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

El dato está en línea con las previsiones de la compañía, que desde el primer trimestre del año anunció que las insolvencias judiciales llegarían en 2013 a su máximo histórico, en el entorno de los 10.000 concursos anuales.

El prototipo de concurso de acreedores es el de pequeñas o medianas empresas de cerca de 20 trabajadores, con más de diez años de antigüedad, cada vez más presionadas por la prolongación de la crisis.

La insolvencia judicial de estas empresas se ve propiciada por las dificultades para acceder a nuevas refinanciaciones financieras, el agotamiento de los activos líquidos, la imposibilidad de profundizar en la reestructuración de sus costes, el fracaso en los planes de internacionalización o la trasmisión, a través de la morosidad, de la insolvencia de los clientes.

Esta tendencia se romperá previsiblemente en 2014 por los cambios introducidos en el marco regulatorio y las previsiones de mejora del acceso empresarial a la financiación de origen bancario.

En este sentido, la Ley de Emprendedores - recientemente publicada en el BOE - prevé la puesta en funcionamiento de un nuevo procedimiento concursal extrajudicial que permitirá reflotar muchas empresas llegando a evitar el concurso.

La empresa en dificultades podrá solicitar el nombramiento de un mediador al notario o el registro mercantil para lograr un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.

El plan de pagos, que tendrá que ser adoptado en los tres meses siguientes, requerirá la aceptación de al menos el 60% del pasivo, con un límite del 25% de los créditos en las quitas o condonaciones y de tres años en las esperas o moratorias.

En la misma línea, la Ley de Emprendedores ha reducido significativamente la mayoría necesaria para adoptar acuerdos de refinanciación extrajudicial, facilitando una viabilidad que evitará el concurso y la destrucción innecesaria de tejido empresarial.

Este nuevo marco regulatorio sitúa la legislación concursal española en línea con los países de nuestro entorno. El cambio normativo supone un paso más en la dirección correcta para reducir el número de empresas en concurso y mejorar la tasa de mortalidad de estos procesos, actualmente en el entorno del 95%.

Sin embargo, la nueva legislación no podrá modificar por si sola los elevados niveles de insolvencia judicial. Por ello, la buena evolución de 2014 estará condicionada, esencialmente, a la mejora del acceso a la financiación de origen bancario por parte de las empresas.