La Federación Catalana de Talleres de Reparación de Automóviles e Industrias Afines (Fecetra) celebra cada una de las actuaciones que se llevan a cabo contra la competencia desleal en el sector de la posventa.

 

No en vano, las consecuencias derivadas de la existencia de talleres fraudulentos es actualmente el principal frente de lucha del sector de mantenimiento y reparación de vehículos, tanto por el calado del perjuicio como la grosera extensión que en el sector ha llegado a abarcar.

La última noticia a aplaudir, nos recuerdan, ha sido la 'Operación Ballesta' por parte de la Agencia Tributaria a 45 empresas (más de 20 en Cataluña) de desguace y achatarramiento de vehículos, por operaciones de fraude fiscal en la compraventa de recambios. Se habla de una cifra superior a los 40 millones de euros.

Aunque la investigación se haya dirigido contra desguaces, nuevamente se señala al taller como el interesado en adquirir "en negro" el recambio usado.

El taller que instala el recambio es el garante legal del mismo frente al consumidor, aunque no sea el taller quien lo introduce en el mercado, y pese a que la ley no le reconozca garantía legal frente a quien se lo suministró, ni frente al fabricante.

De hecho, el taller está el obligado legalmente frente al consumidor y la administración - que además le puede sancionar - a acreditar el origen del recambio, aunque la cadena de distribución y comercialización de ese recambio implique previamente a tres, cuatro y hasta cinco interventores.

El único agente que se beneficia de la compraventa de un recambio usado en el mercado negro es, a parte del propio vendedor del recambio, el taller clandestino, aquel que trabaja a puerta cerrada, que puede esconderse de la reclamación del consumidor y de las inspecciones de oficio en base a censos y registros administrativos.