La Fiscalía Provincial de Ciudad Real abrió diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta ante este órgano judicial por la asociación de vecinos del barrio de La Pradera, en Alcázar de San Juan, por un presunto delito contra la salud pública y

medioambiente cometido por el Ayuntamiento alcazareño y la Junta, ambas instituciones gobernadas por el PP, al autorizar que se lleven a cabo pruebas de funcionamiento de la fábrica de reciclaje de neumáticos sin contar con un informe previo medioambiental validado por el organismo competente.

Esta denuncia se interpuso tras salir los vecinos del barrio en pijama a la calle el pasado día 13 de enero de madrugada, al despertarles un fuerte olor a goma quemada y una intensa humareda que surgía de la empresa de reciclaje de ruedas, que se encuentra en periodo de prueba previo a su apertura prevista para finales de este mes.

La asociación denunció que desde el pasado día 11 de abril de 2014 solicitan el informe medioambiental previo que debe validar la Junta para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, pero la respuesta hasta ahora ha sido el silencio.

En palabras de su presidenta, María del Carmen Nieto, "el Ayuntamiento ha admitido que no tiene ese informe, y sí un estudio medioambiental que pidió a una empresa en base al proyecto, sin ni siquiera acercarse presencialmente a la fábrica, para comprobar que está casi pegada literalmente a las casas y a una zona medioambiental protegida y financiada con fondos europeos".

Para la dirigente, la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias "es un paso hacia adelante", aunque estudian jurídicamente reclamar al Ayuntamiento que paralice de manera cautelar las pruebas en la fábrica, tras la apertura de esa investigación judicial.

La asociación también se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción para llevar el caso a las autoridades de la Unión Europea, ya que el complejo lagunar afectado por la actividad de la empresa de reciclaje de neumáticos está financiado con fondos comunitarios.

Nieto reitera que la entidad vecinal no está en contra de la apertura de esta empresa y que se creen puestos de trabajo, pero lo que se oponen es a su ubicación, pues opinan que hay otros sitios mucho más adecuados para instalar la fábrica.

Por otra parte, todos los informes técnicos municipales, así como la Dirección General de Impacto Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha, con fecha de 19 de noviembre de 2013, y de Emergencias de Ciudad Real, con fecha de 18 de diciembre del mismo año, coinciden que la planta de valorización de neumáticos instalada en el Polígono Alces IV Fase cumple con todas las normas medioambientales y de seguridad.

Así lo recalcó el pasado martes el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, quien mostró todos esos informes, además de los que la Policía y Emergencias realizaron semanas atrás, cuando acudieron a la zona alertados por los vecinos y comprobaron que el humo que salía de la planta era simplemente vapor de agua.

El alcalde respondía de este modo al anuncio de la Fiscalía de Ciudad Real de iniciar una investigación para dilucidar si la planta es segura para la salud de los vecinos. Ortega aseveraba, en ese sentido, que "una cosa es investigar y otra encontrar irregularidades".