Los plazos de pago de las empresas que hacen negocios entre sí crecieron en el último ejercicio desde los 89 a los 94 días, alejándose del horizonte de los 60 días que trata de impulsar la legislación española y europea. Esta ampliación del crédito comercial que las empresas se conceden entre sí no diferencia tamaños de empresa, sectores de actividad o localización territorial.
En el marco de una legislación cada vez más exigente orientada a su reducción, esta evolución sólo puede interpretarse como una respuesta del tejido productivo a la necesidad de financiar su actividad empresarial a través del crédito comercial en un entorno de insuficiencia de liquidez financiera y capitalización empresarial.
Ésa es la principal conclusión del estudio sobre plazos de pago elaborado en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Finance Insight, de Iberinform.
Al analizar los plazos de pago teniendo en cuenta el tamaño de las empresas surgen algunas asimetrías relevantes. La gran empresa es la que más retrasa sus pagos, obteniendo hasta 24 días adicionales de crédito comercial para financiar su actividad. En el otro extremo se encuentra la pequeña empresa, cuyos plazos de pago son los más cortos de la muestra, seis días por debajo de la media nacional.
El empeoramiento de los plazos de pago registrado en 2012 se generaliza en los principales sectores productivos. Ninguno de ellos logra situarse por debajo de los 60 días. El mejor comportamiento se registra en el sector agrícola, que pasa de los 97 a los 98 días, manteniéndose prácticamente estable.
La industria española trabaja con unos plazos medios de 97 días, frente a los 93 de hace un año, un síntoma de sus problemas de acceso a la financiación. Los plazos más amplios se dan en construcción, con 15 días de crédito comercial adicional frente a la media nacional, un síntoma de las tensiones de tesorería que produce la reestructuración de su actividad.
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En España se tramita un expediente cada 32 segundos, con 978.000 expedientes gestionados en 2024. Los desembolsos se reparten casi a partes iguales entre la red sanitaria pública y la privada.
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La elección, tal y como recogen los estatutos de la patronal, se ha realizado mediante votación interna entre los miembros de la Junta Directiva electa
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