La posible liberalización de las estaciones de ITV, con la publicación en julio del proyecto de real decreto mediante el que se modifican las normas generales de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), parecía indicar que cualquier concesionario podrá tener una estación de ITV.

Sin embargo, fuentes del sector estiman "muy poco probable" que el Gobierno introduzca las modificaciones a la norma que han propuesto las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam.

De momento, la ley prevé que los concesionarios puedan participar en el capital de empresas de ITV, aspecto que la ley de 2008 no permitía, eliminando las incompatibilidades que marcaba este real decreto, pero deben de ser "empresas independientes".

Así, en fase de alegaciones, las asociaciones representantes de fabricantes y concesionarios solicitaron que se montara una línea fija de inspección en talleres de reparación y concesionarios, para que turismos y furgonetas pasen la inspección directamente allí.

Las patronales siempre alegan que se trataría de líneas "separadas físicamente y debidamente señalizadas" para que se distinguieran del resto del taller. Además, las comunidades autónomas serían las encargadas de establecer si se están cumpliendo las inspecciones correctamente.

Si no se permite esta opción, "la más barata y sencilla de hacer", las estaciones de ITV estarían solo al alcance de unos pocos. Recordemos que instalar estas líneas fijas de inspección supone una inversión media máxima de unos 100.000 euros, dice Ganvam, mientras que colocar una estación de ITV completa, unos dos millones de euros.

"Podrían meterse en este negocio las grandes empresas u otros más pequeños a través de alianzas empresariales, como concesionarios de la misma zona", afirman.

Otras fuentes ponen en cuarentena este dato, asegurando que "los requisitos económicos que imponen las marcas para abrir un comercializador son mucho mayores". No obstante, el entorno económico y la escasez de crédito hacen difícil imaginar quién podría hacerse cargo. La rentabilidad de los concesionarios el año pasado fue del -1,5%.

En opinión de las patronales, este sistema "tiene mucho sentido, porque permitiría bajar los precios de las revisiones obligatorias alrededor de un 30% y equilibraría las diferencias de coste entre comunidades", que en algunos casos superan el 147%.