La justicia ha reconocido el derecho de los concesionarios de automoción al cobro de las subvenciones a la adquisición de vehículos contempladas en el Plan 2000E, y que adelantaron a los compradores. El juzgado contencioso-administrativo número 3 de Santander estimó el pasado 25 de mayo la demanda interpuesta por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) contra la resolución del consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, en la que no admitía la deuda pendiente con los concesionarios cántabros y condenaba a la comunidad autónoma a pagar los 9.000 euros, más intereses legales, que los puntos de venta adelantaron a sus clientes.

De esta forma, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, destacó que "se ha hecho justicia y de alguna manera se reconoce que la gestión del Plan 2000E fue desastrosa y que hizo un daño enorme a muchas pymes concesionarios".

Faconauto recordó que el Plan 2000E fue concebido como una subvención que las administraciones públicas otorgaban al comprados de un vehículo, y que a los concesionarios se les exigía legalmente adelantar el importe de la subvención a los compradores, como mandatarios de la Administración, que luego recuperarían de ésta grabando los expedientes en el sistema informático de la entidad colaboradora Fitsa.

Sin embargo, a pesar de que los puntos de venta empezaron a adelantar las subvenciones el 8 de enero de 2010, no pudieron grabarlas hasta el 25 de marzo de ese año, fecha en la que las subvenciones habían superado con creces el 100% del presupuesto de varias comunidades autónomas y el 75% de las del Estado.

Así, cuando se abrió el sistema para grabar las operaciones, éste apenas estuvo abierto unas horas para los expedientes de las comunidades autónomas y cinco días para las del Estado por haberse llegado al cupo máximo, indicó Faconauto.

La patronal ha reclamado un total de 13.981 operaciones, por 6,8 millones de euros, de los que cerca de dos corresponden al Ministerio de Industria y 4,8 a las comunidades autónomas, aunque la cifra podría ser "únicamente un tercio del total, ya que muchos concesionarios decidieron no reclamar judicialmente".