La Feria de Valencia es el escenario de una nueva edición del Foro de Automoción de la Comunidad Valenciana, un encuentro profesional promovido por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a (Ganvam) y que reunirá hoy jueves, 6 de marzo, a medio centenar de concesionarios, compraventas y talleres de la región con el fin de analizar la actualidad del sector.

Recordemos que desde que estallara la crisis se han perdido sólo en la Comunidad Valenciana más de 350 empresas y 5.000 empleos en las redes de distribución.

Durante la jornada, encabezada por el director general de Ganvam, Tomás Herrera, se analizará el contexto económico que deberá marcar el calendario para la recuperación real de un sector que en estos últimos meses ha recibido un importante impulso a la compra gracias a las distintas ediciones de los Planes Pive y Pima Aire, que han evitado el desplome absoluto del mercado.

Precisamente, las cifras de mercado también serán motivo de análisis en este foro, haciendo especial hincapié en la evolución de las ventas de vehículos de segunda mano, en un momento en el que las compras a concesionarios y compraventas están perdiendo peso frente a las que se realizan entre particulares.

En este sentido, el director del Departamento Jurídico de Ganvam, Jaime Barea, realizará una rápida retrospectiva de la Ley de Garantías, ahora que se cumplen diez años desde su puesta en marcha.

A lo largo del evento, que contará asismismo con la presencia del presidente de la Feria del Automóvil de Valencia y delegado de Ganvam en esta Comunidad, Pascual Martínez, se entrará de lleno en la necesidad de llevar adelante una reforma de la fiscalidad del automóvil o conseguir una liberalización efectiva de las ITV´s que beneficie al consumidor en términos de precio y proximidad del servicio.

Asuntos como la necesidad de implementar una norma de carácter estatal para erradicar la venta pirata de vehículos en la vía pública o poner coto a los talleres ilegales - que representan la cuarta parte de las reparaciones totales - ayudarían a mejorar las cuentas de resultados de la distribución y frenar una competencia desleal que genera unas pérdidas de unos 1.300 millones anuales al conjunto del sector legalmente establecido.