“El vehículo de combustión de última generación es un prodigio de eficiencia. El problema es la antigüedad del parque”. Así lo afirmó el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, durante el encuentro virtual organizado el pasado 17 de junio por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), en colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) para debatir sobre el papel de estos motores en el camino hacia la neutralidad tecnológica.

Para el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, “al incentivar la compra de vehículos de combustión eficientes dentro del programa de renovación del parque y al eliminar las prohibiciones a estos motores del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, la Administración ha entendido que estos motores, lejos de ser el enemigo, son el paso previo a la democratización del eléctrico en el camino hacia la descarbonización”. Una democratización que el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, sitúa hacia 2024, fecha en la que, de la mano del desarrollo de las infraestructuras, será posible encontrar paridad de precios entre los motores de combustión y los eléctricos.

Para la patronal de la distribución, las últimas decisiones del Gobierno demuestran que se ha escuchado al sector antes de legislar y que se está trazando una hoja de ruta eficaz hacia la neutralidad climática, demostrando ser conscientes de que no se puede pasar de un vehículo de combustión de más de 12 años -la antigüedad media de vehículos del parque en España- a uno eléctrico directamente. “Esa transición debe hacerse incentivando el achatarramiento de vehículos antiguos -que sí son un problema para el medio ambiente-, a cambio de modelos nuevos o seminuevos como paso previo a uno eléctrico y en ese camino damos tiempo también a que el eléctrico madure por completo”.

En este sentido, el director general de Aedive coincidió en que atacar el envejecimiento del parque es clave para cumplir con los objetivos de descarbonización, si bien el planteamiento tradicional de incentivo al achatarramiento a cambio de la compra de un vehículo debería ir incorporando también otras fórmulas que permitan a los consumidores con desafección a la propiedad poder beneficiarse de ayudas a la movilidad eficiente. Así planteó un incentivo a cambio de una bolsa de kilómetros que puedan canjearse en cualquiera de las soluciones actuales de sharing, lo que a su vez impulsaría la compra de eléctricos por parte de las flotas que, si por algo se caracterizan es por su alta tasa de renovación.

“Iniciativas de este tipo supondrían eliminar vehículos en vez de sustituir uno viejo por uno nuevo, que en diez años volverá a ser viejo, y sin que ello implique solucionar otros problemas derivados de la movilidad, como la ocupación de espacio público. Sería deseable poner a disposición de los ciudadanos soluciones de movilidad compartida multimodal, máxime cuando en la mayoría de los casos, el vehículo privado da respuestas a una necesidad puntual (vacaciones, por ejemplo) en vez de al 80% o 90% de las necesidades reales de movilidad”, afirmó Arturo Pérez de Lucia.

En este contexto donde el pago por uso, la conectividad o el carsharing están revolucionando la manera tradicional de utilizar el coche, la automoción en general y la distribución en particular se enfrenta a un cambio de modelo que tiene pendiente por completo el desarrollo del marco regulatorio. En opinión de Cándido Pérez, de KPMG, “para tener éxito en esta transformación, un factor esencial será que las Administraciones púbicas garanticen una homogeneidad regulatoria y alineen sus políticas para que el mercado en general, y los consumidores y las empresas en particular, tengan la certidumbre necesaria para abordar los cambios que se requieren”.

El riesgo para la distribución es, según el presidente de Ganvam, que las nuevas fórmulas de movilidad, con una base puramente digital y con modelos de suscripción al estilo de los que ya están plenamente implantados en otros sectores como el ocio y el entretenimiento audiovisual, ponen en jaque a un sector que se arriesga a que el valor que genere por sus servicios se vaya fuera de España. "Actualmente, las 56.000 empresas dedicadas al comercio y los servicios de automoción generan riqueza y pagan impuestos en España", afirman desde la asociación.

Un discurso apoyado por el secretario general de Industria y Pyme, quien considera que “en la era de la economía de los datos, esos modelos de servicios aplicados a la automoción están más cerca que lejos y ahora el reto es que el sector sepa manejarlos para evitar que la distribución no quede apartada si se desarrolla un Netflix de la movilidad. Los datos, ya los tiene porque los clientes son suyos”. Si bien, ahora “el sector debe aprender a interpretar y sacar partido al big data”, como apostilló el presidente de Ganvam.

La digitalización no es el único factor que tiene pendiente una regulación adecuada. Así, de la misma forma que se aboga por un compromiso-país para el sector del automóvil, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González, abogó por un compromiso-país para que la legislación en materia de movilidad y en materia de calidad del aire sea homogénea. “Es necesario un esfuerzo de armonización para que los diferentes planes de calidad del aire, las diferentes ordenanzas, etc. sean iguales estemos donde estemos”.