Fecatra (Federación Catalana de Talleres de Reparación de Automóviles) y CIRA (Asociación Catalana de Recambistas) han emitido un comunicado conjunto en el que denuncia que hay un gran número de empresas en Cataluña, entre las que se encuentran sus representadas, que no son beneficiarias directas de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

“Como actividades excluidas de la prohibición de apertura prevista en el Real Decreto, se nos excluye de la situación de fuerza mayor prevista para ser beneficiarios de las ayudas publicadas”, indican las patronales, quienes subrayan que “el hecho de que nuestras actividades no estén obligadas a cerrar no significa que no se encuentren en una situación de vulnerabilidad al ver que, en sus instalaciones, no entran clientes y/o tienen dificultades de suministro, sin que se prevean moratoria o prerrogaticas para sus obligaciones de pago”.

Además, la falta de aprovisionamiento durante el periodo declarado de estado de alarma “compromete seriamente los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos que supone la apertura de nuestros negocios”, gastos que, según ambas patronales, no se están contemplando por parte de las medidas o ayudas del Gobierno central y autonómico, como los alquileres y cuotas de préstamos.

Para las organizaciones es prioritario garantizar la salud de las personas que forman parte del colectivo de talleres y recambios que, no estando obligados a cerrar, deben tener acceso a los EPIs necesarios.

Asimismo, las limitaciones a la libertad de circulación decretada impiden el desarrollo normal de las actividades y las consiguientes pérdidas económicas, que se agravan aún más con indicaciones no tratadas previamente con las organizaciones representativas de los sectores afectados. Por ejemplo, las patronales citan “no incluir en las FAQs de Mossos d'Esquadra como causa justificada los desplazamientos en vehículo privado de dos personas para llevar/recoger vehículos a taller (al igual que compartir el vehículo para ir al médico, taxi o recoger a familiares de estaciones/aeropuertos)”. También denuncian “no exponer públicamente que la autoridad que cierre una instalación o impida el desplazamiento a un trabajador, entregará un acta que así lo refleje al interesado”.