El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha confirmado la sanción de 90.000 euros impuesta por la Generalitat al responsable de un desguace ilegal de coches descubierto en mayo de 2009 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una parcela de Bacarot (Alicante).

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal autonómico establece que esta infracción, considerada grave por la Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana, ha quedado acreditada con el acta levantada por los agentes y las fotografías y descripción de los automóviles, a la vez que recuerda que los hechos no han sido negados si quiera por el infractor.

Los magistrados admiten que la resolución sancionadora dictada en marzo de 2010 por la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente adolecía de falta de motivación respecto a la cuantía de la multa, pero matizan a continuación que dicho "vicio fue debidamente subsanado" dos años después, en la respuesta de la Administración al recurso de reposición presentado por el afectado.

En su fallo, dictado el pasado 15 de julio y hecho público hace unos días por el propio tribunal, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ expresa sus dudas sobre la disposición para reparar el daño causado alegada por el infractor en este caso, "habida cuenta que se trata de una persona que ya fue sancionada por hechos similares en distinta población".