4,7 euros por vehículo es la ayuda de la Administración para renovar flotas en Madrid
El Plan Moves del Gobierno central y las ayudas de la Comunidad de Madrid para la renovación de flotas, alcanza los 4,7 euros por vehículo industrial en la región, “sin que el Ayuntamiento de Madrid destine un solo euro”, denuncian desde CETM Madrid.
Para la Plataforma de Afectados por Madrid Central, en la que está integrada CETM Madrid, “Madrid Central es el ejemplo de la incapacidad de la administración municipal para gestionar de forma eficaz la problemática de la movilidad, poniendo en peligro el tejido socioeconómico de las pymes que son las que, sin ningún apoyo económico ni voluntad de planificación, deben adaptarse a las nuevas restricciones al tráfico sin margen de maniobra ni posibilidades de adaptación”, informan nuestros compañeros de Todotransporte.
La coyuntura es ciertamente compleja. De tal modo que teniendo en cuenta los objetivos incluidos en el Plan A contra la contaminación atmosférica y por Madrid Central, que plantean diferentes criterios de sostenibilidad apoyados en las bajas emisiones o en la exigencia de emisiones cero, “en estos momentos no existen soluciones tecnológicas para vehículos industriales más allá de 2025, que garanticen que puedan operar en el Distrito Centro”, critican desde el citado colectivo.
En la actualidad no existen camiones adaptados a la categoría Cero, ni oferta suficiente en los Eco, ni para vehículos de más de 12 t, ni grúas para transporte de contenedores de escombros, camiones de mudanzas, etc. Asimismo, la etiqueta C en los vehículos industriales se mantiene en un limbo técnico y legal, que no aporta seguridad jurídica a las Pymes, han explicado en rueda de prensa-
Respecto a las furgonetas y camiones frigoríficos de menos de 3.500 kg y adaptados al motor eléctrico, su capacidad de carga se ha visto reducida a una tercera parte de la capacidad actual, apuntan, “lo que pone en peligro el abastecimiento de producto fresco como carnes y pescados a toda la restauración del centro de Madrid”, alertan.
Y tachan de “intransigente” la actitud de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid a la hora de tramitar las autorizaciones extraordinarias con criterios objetivos para facilitar la distribución nocturna, una situación que “provoca el agravio comparativo entre las pymes del comercio, los espectáculos, la hostelería y el alojamiento, a los que no se reconoce sus necesidades especiales, frente a las franquicias y multinacionales de la Gran Vía a las que se autoriza la distribución y el aprovisionamiento en horario nocturno”, afirman.
En relación con la carga y descarga de mercancías, Madrid Central ha incrementado un 136% la superficie de las áreas de prioridad residencial del Distrito Centro, incrementando únicamente un 20% el horario de actividad de la distribución urbana de mercancías. “Para poder garantizar el abastecimiento diario de las pymes ubicadas en Madrid Central, debería afrontarse un incremento de la flota superior al 131,9% en un momento en el que se está produciendo un retroceso de cerca del 20% respecto a la actividad del sector de la distribución“, advierten.
En medio de este panorama, el transporte de mercancías debe acometer una doble inversión dirigida a la renovación de las flotas, adaptándose a las exigencias medioambientales, y ampliando sus flotas para cubrir las 472 hectáreas de Madrid Central. Se trata de una inversión, apuntan los transportistas, que podría alcanzar los 2.000 millones de euros, “en un contexto de falta de seguridad jurídica para los vehículos que se adquieren en estos momentos y que podría provocar la ruina del sector“.
Llegados a este punto, la Plataforma de Afectados por Madrid Central no duda en reclamar dos cuestiones fundamentales para avanzar en el proceso negociador que evite el conflicto asociado a Madrid Central.
En primer lugar, la Plataforma de Afectados por Madrid Central reclama el cumplimiento del compromiso adquirido por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la reunión del 18 de diciembre, en la que se acordó la ampliación mínima de un año del periodo de renovación de las flotas para los vehículos de transporte de mercancías para los vehículos sin etiqueta y tipo B, “y que debería de aplazarse al 31 de diciembre de 2020 como período mínimo para evaluar y tomar decisiones sobre las nuevas tecnologías y combustibles”, aseguran.
Además, el colectivo exige “que no se implante ningún calendario de renovación de las flotas hasta que no se garantice que cualquier vehículo que se adquiera en estos momentos cumpliendo con los estándares ambientales actuales tenga asegurada su utilización durante todo el período de amortización y vida útil del mismo”.
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