“El Correo de Burgos se ha hecho eco de nuestra indignación respecto de la poca contundencia en las denuncias por talleres ilegales que, con tanto trabajo, venimos realizando”. Así de claro se muestra Gabriel Martínez Medina, secretario general de la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur), tras un artículo publicado en el diario burgalés que, según el responsable, “sirva para remover inquietudes y responsabilidad en las administraciones pertinentes”.

En esta entrevista concedida al Correo de Burgos, la asociación ha querido mostrar su preocupación por “la actuación de algunos organismos de la Administración”, ya que “no hay sensación de una actuación intensa contra los talleres ilegales”, y “reclamamos más contundencia”.

De los 40 talleres clandestinos detectados por Adeabur, la asociación ha denunciado el 80% al contar con pruebas contundentes, pero “no hemos conocido en la provincia de Burgos ninguna orden de entrada o registro en alguno de estos talleres que haya emitido un juzgado”. Es más, en muchos casos, después de realizar la denuncia y comprobarse por parte del servicio del Seprona de la Guardia Civil, que todo sigue igual después de seis meses o un año.

Desde Adeabur reconocen que el Seprona “actúa con diligencia y rapidez” que, en ocasiones, lo hace acompañado de la Inspección de Trabajo, pero las múltiples competencias de diferentes administraciones y las carencias normativas son posibles causas de una situación que viene dada por la inacción de la Administración que, según la entidad, “no es justificable”. “Es desesperante que cuando se presenta una denuncia por parte de la asociación, se presentan fotos, indicios con publicidades, incluso en su propia página web, al final no pase nada”.

Entre las administraciones a las que el sector acusa de poca contundencia está la Confederación Hidrográfica, que debe actuar en caso de detectarse vertidos o riesgo de vertidos al río, arroyos, cauces de agua o humedales; Medio Ambiente, cuando hay delitos en la gestión de residuos o irregularidades en vertidos; Industria, cuando hay ausencia de expediente administrativo de seguridad industrial de apertura; de los ayuntamientos, que podrían actuar en caso de aperturas no autorizadas, de carecer de permiso de actividad, por expedientes en materia medioambiental o por las declaraciones de uso o contaminación del suelo; y también la Policía Local.

Muchos de los casos detectados por Adeabur están vinculados a antiguas metalisterías que, en tiempos del ‘boom' inmobiliario, fabricaban ventanas y otros elementos de la industria auxiliar del sector de la construcción. La crisis ha obligado a reestructurarse, pero reclaman que “si tienen trabajo que también paguen impuestos, den de alta su negocio, lo hagan con seguridad, con permisos de Industria y peleen con las mismas reglas que el resto. Después con su trabajo y tesón que saquen el negocio adelante”, destacan desde Adeabur, que defiende los intereses de 420 talleres legalmente establecidos en la provincia, la mayor parte pymes familiares con una media de 3,7 empleados por taller.