A fines de este mes de julio se presentará ante el Congreso chileno el proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que establece la obligación de los fabricantes e importadores de aceites lubricantes, neumáticos y baterías entre otros, de hacerse cargo de los residuos que éstos generan al término de su vida útil.

 

La iniciativa busca que las empresas incorporen en sus procesos conceptos como reciclaje y reutilización, e integren instrumentos de gestión ambiental que establezcan requisitos mínimos de composición y diseño de estos productos.

Se trata de un paso importante para iniciar el desarrollo formal de la industria del reciclaje en Chile. El proyecto contempla la incorporación de nuevos actores (agentes intermediarios), lo que trae necesariamente un aumento de costos a la cadena de reciclaje, lo que finalmente se reflejará en el precio que pagan los consumidores.

El proyecto de REP considera además un plan de educación y comunicación a los consumidores que será responsabilidad de los productores, y una articulación importante con las municipalidades y generadores de base.
En ese sentido, María Ignacia Benítez, ministra de Medio Ambiente, espera que la iniciativa "genere un impulso al sector privado a considerar el tema ambiental y el manejo al final de la vida útil de sus productos".

Con el fin de aumentar los niveles de reciclaje en el país y reducir los desechos que se disponen en rellenos sanitarios, el proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) apunta a que los productores se responsabilicen por el impacto ambiental que ocasionan sus productos desde sus procesos de fabricación, venta y disposición final. En ese sentido, la iniciativa establecerá un mecanismo para fijar metas de reciclaje que las empresas deberán cumplir, a fin de maximizar el uso de los materiales que componen los residuos antes de desecharlos.
Con esta normativa, Chile cumpliría su compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de tener en trámite una regulación general sobre residuos sólidos al año 2014.