“El diésel tiene los días contados. Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". Así lo aseguraba Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el pasado 11 de julio, en la que anunció la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, cuyo texto prevé remitir al Congreso antes de que termine el año.

Según la ministra, el proceso de descarbonización de los vehículos se tiene que acompañar "con facilidades que permitan ir cambiando el patrón", al considerar que no se puede culpabilizar al ciudadano de la compra de un coche diesel sino que forma parte de la labor del Gobierno darle al consumidor una opción de compra "intuitiva", a través de medidas fiscales y de mercado, informa El Periódico.

El esquema de la nueva norma deberá incluir una reducción del 30% de emisiones en el año 2030 respecto a 1990 y de un 90% la emisión de gases de efecto invernadero en 2050. "Si no lo logramos será muy difícil lograr la descarbonización en 2050 que es lo que nos hemos comprometido al ratificar el Acuerdo de París", destacó la ministra.

Sobre los cambios en la fiscalidad, Ribera señaló la necesidad de implantar medidas para incentivar los cambios a favor de la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire, así como reducir las emisiones a través de la apuesta por el transporte público y el vehículo eléctrico en detrimento de los combustibles fósiles. Una medida enclavada dentro de su visión del binomio "ciudad energía", en la que también incluyó la transformación de los edificios en "viviendas eficientes".

"Quizás la medida más relevantes es la adecuación del sistema fiscal a la realidad climática, para que España deje de estar en el furgón de cola de la fiscalidad ambiental", precisó Ribera, que prevé una ley que, además, incluya sendas de descarbonización a largo plazo (2050), revisables cada cinco años, e impulse la elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.

Además de un reporte anual de las empresas con una evaluación sobre su exposición al carbono y el riesgo climático, se prevé una comisión independiente con informes periódicos en materia de clima que ayudará "a mejorar nuestro aprendizaje y coherencia en la acción colectiva" o, según la ministra, iniciativas como trabajar en presupuestos nacionales de carbono que vean cómo ha ido el consumo cada año y la inclusión de "criterios verdes" en la contratación pública.