La compañía General Motors ha comunicado que cesará definitivamente sus operaciones en Venezuela, tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, que fue emitida el pasado 18 de abril cuando autoridades estatales de Venezuela confiscaron su planta en Valencia.

A través de un comunicado, General Motors señala que “la decisión fue tomada en desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, además de causar un daño irreparable a la compañía y a sus trabajadores, ocasionando la finalización de relaciones laborales”.

General Motors hizo una solicitud de avocamiento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero el pasado 25 de mayo la Sala Constitucional declaró “inadmisible” la solicitud, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala.

“Se evidencia, una vez más, la falta de respeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa, por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, después de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos”, indica el comunicado del fabricante.

La compañía ha ratificado que ejercerá todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños originados en su contra, que ha traído como consecuencia el cese de sus operaciones.