La Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos ha cerrado provisionalmente y suspendido de actividad un Centro de Recepción y Descontaminación de vehículos fuera de uso en Palma por incumplir la normativa, una medida que se ha adoptado por primera vez en Baleares, recoge el portal Ultimahora.es según un comunicado de la Administración.
La decisión, tomada en el marco de un expediente sancionador por operar sin autorización, supone que se han adoptado por primera vez en las islas medidas cautelares contra un gestor de residuos por incumplimiento de la normativa. El Govern no descarta tener que tomar medidas similares al cierre provisional en otras instalaciones de gestión de residuos, como la llevada a cabo por agentes de Medio Ambiente de Baleares en dicho centro ubicado en el polígono de Son Fuster.
La medida se ha establecido después de que los técnicos del Servicio de Residuos y suelos Contaminados inspeccionaran la instalación y constataran que había deficiencias importantes.
El centro, que en 2016 ya fue denunciado por la Guardia Civil y por la Policía Local de Palma por almacenar vehículos parcialmente desmontados en la vía pública, llevaba a cabo la actividad sin la autorización preceptiva y en unas instalaciones que no cumplían la normativa. Además, gestionaba y almacenaba inadecuadamente los residuos, ya que se abandonaban incontroladamente piezas y componentes de vehículos en la calle, y se mezclaban diferentes categorías de residuos peligrosos y no peligrosos.
De 2015 a 2016 el número de expedientes sancionadores abiertos aumentó un 187%, pasando de 24 a 69, mientras que hasta marzo de 2017, ya se han incoado 59 expedientes, según la misma fuente. En cuanto a las sanciones, el importe total de las impuestas en 2015 fue de 21.002 euros y en 2016 ascendió a 94.802, lo que representa un aumento del 77,84%.
Desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, las instalaciones de gestión de vehículos fuera de uso disponen de seis meses para adaptarse a él. En este sentido, el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca llevará a cabo actuaciones de vigilancia, inspección y control para garantizar que se cumple esta normativa.
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