La Comisión Europea (CE) ha multado a tres empresas con 68 millones de euros por hacer cártel en el sector del reciclaje de baterías para automóviles entre 2009 y 2012, violando las normas antimonopolio de la Unión Europea. Según ha explicado Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, las multadas son Eco-Bat Technology (Reino Unido), con 32,7 millones de euros, Recylex (Francia), que tendrá que pagar 26,7 millones, y Campine (Bélgica), sancionada con 8,1 millones.
Una cuarta empresa, Johnson Controls, no fue multada por haber revelado la existencia del cartel a la CE, evitando de este modo una multa de casi 38,45 millones de euros.
“El buen funcionamiento del mercado puede ayudar a reducir los residuos y apoyamos la economía circular. Por lo tanto, no toleramos comportamientos que debilitan la competencia”, ha asegurado la comisaria en rueda de prensa. “Las cuatro empresas multadas hoy se han puesto de acuerdo para maximizar sus beneficios obtenidos del reciclado de baterías, lo que reduce la competencia en este eslabón esencial de la cadena de reciclaje”.
Las baterías usadas se obtienen a partir de puntos de recogida tales como talleres de mantenimiento y reparación, distribuidores de baterías, depósitos de chatarra y otros lugares de eliminación de residuos. Las empresas de reciclaje, por su parte, llevan a cabo el tratamiento y recuperación de los desechos y, después, venden el plomo reciclado a la mayoría de los fabricantes de baterías, que lo utilizan para hacer nuevas baterías de coche.
A diferencia de la mayoría de los cárteles en donde las empresas conspiran para aumentar sus precios de venta, las cuatro empresas de reciclaje se pusieron de acuerdo para reducir el precio de compra a los comerciantes de chatarra y recolectores de baterías usadas. Según la CE, este comportamiento se destina a reducir el valor de las baterías usadas vendidas como chatarra, en detrimento de los vendedores de baterías usadas.
La mayoría de los contactos anticompetitivos entre las cuatro empresas de reciclaje se llevó a cabo sobre una base bilateral, principalmente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto. Algunos contactos también se llevaron a cabo en persona, ya sea en reuniones bilaterales o, con menor frecuencia, en reuniones multilaterales. De acuerdo a la CE, las partes eran conscientes del carácter ilegal de sus contactos y, a veces, trataron de ocultarlos mediante el uso de lenguaje codificado.
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