El parlamento de Japón aprobó recientemente la revisión de una ley que permitirá a las autoridades investigar directamente a los fabricantes de repuestos cuando se estudien rellamadas masivas de vehículos, como la que se ha registra actualmente por los airbags de la empresa Takata.
La revisión de la Ley de Vehículos de Transporte por Carretera concede autoridad al Ministerio de Transportes para realizar inspecciones in situ y exigir a los proveedores de componentes de automóvil que faciliten toda información requerida cuando se sospeche que puedan existir defectos de fabricación.
Hasta ahora, el Gobierno nipón únicamente podía investigar a las empresas que manufacturan piezas a través de los fabricantes de los vehículos que las emplean, un procedimiento que ralentizaba las pesquisas.
Tras las reformas de ley, los fabricantes de componentes que se nieguen a cooperar podrían enfrentarse a multas de hasta 200 millones de yenes (1,43 millones euros). Del mismo modo, los individuos relacionados con dichas empresas podrían encarar penas de hasta un año de prisión y multas de hasta tres millones de yenes (21.500 euros).
La reforma se produce en un momento en que la empresa japonesa Takata está envuelta en una de las mayores llamadas a revisión de historia - como exponíamos en esta misma web hace unas semanas -, que afecta a unos 53 millones de coches en todo el mundo debido a un defecto en sus airbags, que pueden abrirse con demasiada fuerza y proyectar fragmentos metálicos.
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