La asociación Adeabur pide a las administraciones que no aflojen en la persecución y cierre de los talleres “piratas”. “Hace años toda la tramitación administrativa era más farragosa, pero las nuevas tecnologías lo han facilitado mucho. Además, el argumento de la subsistencia a la crisis ya no se sostiene. Por eso nos cuesta entender que no haya mayor contundencia administrativa para perseguir esta actividad”, afirma Gabriel Martínez, secretario general de la entidad burgalesa.

Adeabur ya lanzó una campaña coordinada con las policías locales y con el Seprona de la Guardia Civil. En el caso de la capital, todas las ubicaciones que señalaron como posibles focos de actividad irregular se confirmaron como tales. Algunos habían dejado de trabajar, pero no hubo ningún paso en falso. Sin embargo, las denuncias formuladas derivan en cierres y sanciones, pero no en el cese de la actividad, recoge una información Diariodeburgos.es.

La patronal conoce casos en los que “la misma persona ha sido denunciada hasta cuatro veces, pero se declara insolvente para afrontar las sanciones y continúa ejerciendo en otro lugar diferente”. Ocurre tanto en la capital como en la provincia, y Adeabur vigila actualmente una docena de locales que está documentando para entregárselo a la Guardia Civil o a la Policía Local. De ellos, “más de la mitad están en la capital, pero también tienen ‘expedientes’ abiertos en Aranda o Villarcayo, por citar ejemplos”, asegura Gabriel Martínez.

“Estamos seguros de que son más, pero vamos a por los casos sangrantes. Por ejemplo, tenemos un antiguo profesional del sector que se ha jubilado y ahora trabaja por su cuenta puerta con puerta con otros talleres que sí son legales. ¿De qué sirve que sus vecinos cumplan con toda la normativa de seguridad y antiincendios si él no lo hace?”, añade el secretario general, quien asegura que, por haber, hay talleres que tienen pinchado el suministro eléctrico “en un domicilio particular”.