Aneval, la asociación que agrupa a los cinco grandes exponentes del rent a car en España, considera que el texto de la norma balear refleja "un desconocimiento profundo del funcionamiento interno de las compañías de alquiler de vehículos sin conductor, lo cual se hace más evidente tras la propuesta del Consell Insular de Ibiza de adelantar 20 años las exigencias de electrificación en esta isla".

La Ley marca para 2020 el objetivo de que el 2% de las compras de vehículos de los alquiladores para Baleares sean eléctricos, "obviando que las decisiones de compras no son geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica cuantificar qué compras van destinadas a operar en cada zona", indican desde Aneval

Este dinamismo es precisamente el que hace difícil cumplir con el objetivo de que un 0,6% de flota esté electrificada en 2020 pues supondría, según la asociación, un “trajín” de coches entre territorios insulares y peninsulares para responder al nivel exigido. Además, la norma no especifica en qué periodo temporal se va a contabilizar ese porcentaje de flota eléctrica, si debe ser en la media de todo el año o teniendo en cuenta el valor al final de cada mes, por citar dos supuestos, y cómo deben justificarlo los operadores.

Además, desde Aneval añaden un problema de carácter operativo y un sobrecoste para los operadores, ya que "para el control y medición de las exigencias de la Ley -una vez se resuelvan sus indefiniciones-, deberá estandarizarse una avanzada plataforma digital para que todas las empresas del sector cumplan los mismos niveles de exigencia y no se caiga en agravios comparativos".

Por otro lado, desde Aneval consideran que la ley balear pasa por alto la falta de oferta real de vehículos eléctricos ante una demanda todavía incipiente, que apenas representó el 1% del total de matriculaciones realizadas hasta abril.

"De hecho, el carácter novedoso de estos vehículos y la falta de un histórico sobre su comportamiento en el mercado de ocasión hace que su valor residual sea toda una incógnita y se deprecien rápidamente", añaden desde la entidad. "Un riesgo que las alquiladoras deben compensar repercutiéndolo en la cuota de alquiler, lo que retraerá su uso entre los usuarios que acaban optando por los modelos de combustión tradicional, con cuotas más competitivas".

Aneval recueda que si realmente lo que pretende el Gobieno Balear es la descarbonización de la isla debe impulsar medidas neutrales tecnológicamente, que incentiven el uso de alternativos, pero sin discriminar por tipo de propulsión, máxime cuando un vehículo de última generación cumple con las normativas de emisiones y anticontaminación.

En el caso concreto de la flota del rent a car, sus vehículos se renuevan cada nueve meses y el 78% de su flota emite por debajo de los 120 gramos por kilómetro, por lo tanto ponerles freno supone para Aneval "un impacto negativo tanto para el rejuvenecimiento del parque como para el turismo, que al ver mermadas sus opciones de movilidad reduce el gasto, impactando sobre la actividad económica de la región".