La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) celebró su Junta Directiva el pasado 9 de octubre y aprobó una serie de propuestas que, en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española presentado por el presidente del Gobierno, harían factible el cumplimiento de los objetivos que fija el Plan Nacional de Energía y Clima, tanto de reducción de emisiones de CO2 como de introducción de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico español.

La asociación está convencida, en palabras de su presidente José Vicente de los Mozos, de que “la reactivación y transformación del sector de la automoción tiene que ser un tractor e impulsor dentro de las medidas a adoptar en el Plan de Recuperación recién presentado, así como en los planes europeos. Lo es por su peso específico en la economía, en el empleo, por su efecto tractor en otros sectores industriales y de servicios, y por su alto contenido tecnológico, de innovación y de talento. En este contexto, debemos acelerar nuestro trabajo conjunto con la Administración para adelantar su implementación”.

Estas iniciativas, que van en la línea marcada en la estrategia del sector del Plan Automoción 2020-40, pretenden aportar propuestas concretas para “acelerar la recuperación y la transformación de la industria cumpliendo con los compromisos de descarbonización del parque y de introducción progresiva de vehículos eléctricos, que es el objetivo de todas las marcas”, explicó José Vicente de los Mozos. En relación con la descarbonización del parque, ANFAC entiende que la consecución de estos objetivos apuntados en el plan de Recuperación y en el PNIEC ha de abordarse desde una doble vía: desde el fomento de la entrada en el mercado de vehículos electrificados y desde la renovación del parque.

El crecimiento del mercado solo será posible si, según la patronal, va acompañado de un esfuerzo definitivo en la instalación de puntos de recarga. En este sentido, la Junta Directiva quiere promover que se se alcancen los 48.000 puntos de recarga de acceso público para el 31 de diciembre de 2022 (al menos un punto por cada 100 kilómetros de carretera). Para el 31 de diciembre de 2025, deberían haberse instalado 110.000 puntos de recarga de acceso público, para así alcanzar los necesarios 340.000 puntos para 2030. Dentro de estos objetivos, a su vez, se deberá priorizar la instalación de los puntos de recarga rápida y ultrarrápida. Todo esto ha de ir acompañado de un sistema de información público al respecto de los puntos de recarga públicos y privados accesibles al público y que garanticen la interoperabilidad, que ha de ponerse en marcha antes del 31 de diciembre de 2020.

Para la renovación del parque y el descenso de las emisiones, la asociación cree que es necesario realizar un impulso sostenido al achatarramiento de vehículos de mayor antigüedad, que idealmente debe ser superior en volumen a las matriculaciones de vehículos nuevos, un fenómeno que no se ha conseguido desde 2013. El parque circulante se reducirá, además, por la estabilización de las matriculaciones en el entorno de 1,3 millones de unidades debido al cambio en las tendencias, que prefieren el uso a la compra, y al envejecimiento de la población.

“Este impulso doble que planteamos necesita de la continuidad y potencia de las medidas existentes. El incremento fuerte y sostenido de la demanda de vehículos eléctricos necesita de planes de incentivos con mucha más dotación y más eficientes en la gestión, así como el impulso en la recarga pública”, destacó el presidente. ANFAC propone un MOVES III con 450 millones de euros anuales de dotación de los que 250 millones se destinen a vehículos eléctricos y 200 a infraestructuras.

Por otro lado, el presidente, en nombre de la Junta Directiva de ANFAC, mostró su preocupación por la “indefinición administrativa al respecto de la actualización de los tramos del Impuesto de Matriculación a la normativa de medición de emisiones WLTP”, actualización que entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2021. Esta normativa técnica supera a su antecesora NEDC en el sentido de proporcionar una base más precisa para calcular el consumo real de combustible de un vehículo y sus emisiones de CO2. Por lo tanto, y pese a ser una norma de homologación técnica, los datos obtenidos con el ensayo WLTP impactarían directamente en el Impuesto de Matriculación, que se calcula en función de estas emisiones. El Impuesto, si no hay cambios, subiría el 1 de enero de manera automática e incrementaría de facto los precios de los vehículos vendidos a partir de esa fecha que cambien de tramo impositivo por esta modificación técnica del cálculo de las emisiones. Este ascenso en los precios afectaría a cerca del 50% del mercado total, con un impacto especial a los vehículos fabricados en España.

Las marcas automovilísticas agrupadas en ANFAC entienden que “este ascenso de facto tendría un impacto muy negativo en un mercado que no consigue remontar el impacto del coronavirus”, explicó De Los Mozos y que la cuestión del WLTP “ha de resolverse, como recoge expresamente el Plan de Impulso a la Cadena de Valor del Sector de la Automoción, con una reforma fiscal integral con criterios medioambientales para la automoción, tal y como se lo hemos propuesto y presentado al Gobierno en nuestro plan Automoción 2020-40”, recalcó el presidente. Mientras tanto, y en línea con lo que han hecho países competidores de nuestro entorno como Francia y Portugal, se debería evitar esta situación a la espera de la reforma fiscal.