La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su informe IPN/CNMC/011/20, ha analizado el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diferentes normas relativas a la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil. La regulación de la gestión de residuos contiene una serie de obligaciones dirigidas a proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente.

La CNMC valora positivamente algunos aspectos de la normativa propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como que se clarifique el ámbito de aplicación del traslado de piezas y componentes; que se aclare que todos los vehículos al final de su vida útil se gestionen correctamente en instalaciones de tratamiento; la mejora de la trazabilidad de los residuos; o la mayor precisión de los supuestos del procedimiento administrativo de baja temporal, con el objeto de garantizar su adecuada utilización.

No obstante, se han identificado algunas posibilidades de mejora del proyecto:

• Una mayor justificación de la exigencia de fianza, seguro o garantía financiera para los centros autorizados de tratamiento (CAT); el establecimiento de criterios relevantes para su concreción; la coordinación entre las comunidades autónomas para que, respetando sus competencias, se alcancen unos requisitos similares para determinar las fianzas y otras garantías financieras.
• Una mayor justificación de las nuevas obligaciones de ITV, con el objeto de evitar inspecciones innecesarias que supongan un incremento de las cargas administrativas y de los costes económicos de los ciudadanos.

Adicionalmente, se plantean las siguientes recomendaciones de mejora a la normativa actualmente vigente:

• Promover licitaciones públicas en la entrega de vehículos abandonados a una instalación de tratamiento (CAT) por parte de los Ayuntamientos.
• Introducir medidas para reducir el riesgo de intercambio de información comercialmente sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores, así como en las asociaciones empresariales. Entre estas medidas, se contemplan las advertencias expresas sobre el deber de respeto de la normativa de competencia y la evaluación periódica de los modelos de responsabilidad ampliada del productor.
• Se advierte del riesgo potencial sobre la competencia de las evaluaciones realizadas para determinar el coste de reciclaje de los vehículos con valor de mercado negativo, ya que pueden ser utilizadas como puntos focales para los precios de las operaciones de tratamiento.
• Incluir escuetas menciones conceptuales que faciliten la comprensión de la norma, dados los numerosos reenvíos a otras normativas.