Faconauto reclama que “el sector de la distribución y reparación de vehículos cuente con seguridad jurídica para que la automoción pueda avanzar en su transformación, que pasa por la digitalización y la progresiva descarbonización de la movilidad, y contribuir, de esa manera, al impulso de la actividad económica y del empleo en España”.

Así que ha quedado recogido en un documento consensuado, el pasado 19 de octubre, por la Asamblea General de Faconauto, compuesta por todas las asociaciones de concesionarios oficiales presentes en el mercado, que recoge las líneas de actuación que la patronal va a seguir en los próximos meses, “trascendentales” para el devenir del sector.

La prioridad para los concesionarios agrupados en Faconauto es “avanzar hacia esa seguridad jurídica y construir unas relaciones comerciales justas, tanto para fabricantes como para concesionarios, de tal forma que las miles de pymes del sector puedan innovar, transformar sus modelos de negocio e implementar los nuevos servicios que esperan la ciudadanía y las administraciones”. El conjunto de los asociados representados en la Asamblea han acordado llevar a cabo las iniciativas necesarias para encontrar soluciones no más tarde del primer semestre de 2021.

“Los concesionarios hemos ido perdiendo terreno frente a las marcas que representamos, hasta llegar a un presente insostenible en el que se está tensando mucho la cuerda y en el que sentimos que la falta de seguridad jurídica es el principal obstáculo que nos encontramos para poder abordar nuevas inversiones que impulsen una transformación del sector justa y exitosa. La situación provocada por la pandemia ha acentuado el desequilibrio y no se puede demorar más la resolución de este problema. Lo que nos estamos jugando son los 162.000 empleos que generamos en cada rincón de España”, ha declarado el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Por otro lado, las asociaciones agrupadas en Faconauto ven en la actual fiscalidad del automóvil otra fuente de “inseguridad jurídica”, al no responder ésta a la realidad de mercado ni al estar alineada con los objetivos medioambientales marcados desde el Gobierno y desde Europa. Esta situación se verá agravada por la entrada en vigor de facto de la normativa de medición de emisiones WLTP el 1 de enero de 2021. Por ello, la patronal pide que se avance hacia una reforma integral de la fiscalidad, en el seno del Consejo Estratégico de la Automoción, que evite la fragmentación regulatoria, así como la imposición de nuevos gravámenes, redistribuyendo integralmente la carga fiscal para gravar el uso de los vehículos, especialmente los más antiguos y contaminantes, en lugar de la mera propiedad del vehículo.

Faconauto considera que otra forma de generar certeza es que los incentivos para la renovación y descarbonización del parque tengan continuidad. “El cumplimiento de las normativas nacionales y europeas, así como la consecución de la descarbonización de la oferta y del parque pasa por el establecimiento de esquemas de incentivos estables (ayudas y deducciones fiscales) a las tecnologías con bajas y nulas emisiones, más allá de los ciclos políticos, y con una gestión centralizada por parte de la Administración Central”.

Igualmente, la entidad ha advertido que, sin esa seguridad jurídica, se pone en peligro el que el sector de los concesionarios sea “palanca fundamental” para impulsar su tejido económico y social, “en un momento tan crítico”. Esto se enmarca, además, en el Plan de Recuperación para Europa, en cuyo contexto la patronal trabajará en los próximos meses con sus asociados, el conjunto del sector y con la Administración en cuatro ámbitos:

1. Impulsar desde los concesionarios una gran alianza empresarial público-privada, que canalice de manera óptima y eficaz los planes para la recuperación y los fondos europeos.
2. Desarrollar estándares “verdes” y “digitales”, que permitan que los concesionarios realicen inversiones cuantificadas en 250 millones de euros para ser referentes de la nueva movilidad, digital y sostenible.
3. Aprovechar la gran capilaridad del sector para democratizar la descarbonización y la digitalización de los servicios de movilidad al conjunto de la ciudadanía, especialmente en los entornos más despoblados. Para ello, ofrece el potencial que ofrecen las redes de concesionarios, con más de 5.000 establecimientos, para desarrollar nuevos servicios e infraestructura de recarga.
4. Impulsar la educación, el conocimiento y formación en el sector de la automoción, mediante un Programa de Capacitación y Atracción del Talento que haga frente al reto demográfico y a la transición justa.