De los ocho talleres ilegales detectados, dos de ellos estaban situados en el polígono industrial el Nevero, dos en la barriada de Llera, otros dos en la barriada de San Miguel y dos más en la de Antonio Domínguez, informa el periódico Hoy.

Las primeras averiguaciones comenzaron con agentes de paisano, aunque, a la vez, se comprobó que fiscalmente había muchas anomalías, lo que alertó a la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos contra el fisco. A continuación, tanto el Área Fiscal de la Benemérica como el Grupo Silyce de la Policía Local de Badajoz llevaron a cabo varias inspecciones de modo discreto hasta que, a finales de noviembre, se activó un operativo simultáneo en estos ocho talleres que terminó con su denuncia y desmantelamiento.

Según informa la Guardia Civil, estos talleres ilegales contaminaban e incumplían las leyes medioambientales porque, al no contar con autorización, no tenían recursos para deshacerse de elementos como baterías, neumáticos o aceite desechado, entre otros componentes, que son neutralizados a través de gestores autorizados.

Tras la identificación de los ocho responsables y de las doce personas que se encontraban trabajando en el interior de los supuestos talleres, los agentes averiguaron su ilegalidad al constatar que carecían de permiso, autorización y de todo tipo de documentación que ampara dicha actividad. Igualmente, no había contratos de las personas que se hallaban trabajando en los mismos.

Ante los citados hechos, la Guardia Civil y Policía Local, instruyeron actas administrativas a los responsables de los talleres ilegales y de los empleados por infracciones graves y muy graves tanto en la normativa industrial y medioambiental, así como de la Seguridad Social, remitidas a las autoridades correspondientes.

La Guardia Civil alerta de que este tipo de talleres clandestinos pueden usar recambios de dudosa procedencia, no contar con instalaciones, maquinarias y herramientas adecuadas, no poseer la cualificación o formación necesaria para llevar a cabo las reparaciones bajo unos “mínimos controles de calidad y garantía”, lo que supone un “grave riesgo” para la seguridad vial.