En una carta conjunta, la Patronal Catalana de la Distribución de Automoción (Fecavem), la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y Fomento del Trabajo Nacional han hecho llegar al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, la necesidad de dejar sin efecto hasta finalizar la pandemia y, como mínimo en 2023, el nuevo Impuesto que grava a los titulares de vehículos de tracción mecánica para las emisiones de dióxido de carbono que generan.

Según afirman las tres entidades, no es el momento de incrementar la presión fiscal mientras dura la crisis generada por el Covid-19. “El motivo fundamental es que este nuevo ejercicio marcado por la evolución epidemiológica que empieza no hace prever buenos escenarios a corto ni a medio plazo”. En su opinión, “tampoco es el momento de introducir en este marco un nuevo impuesto que afecta a la ciudadanía en su conjunto y a las empresas e incrementa la presión fiscal. Este aplazamiento que se propone no comporta ninguna exención, sino que se pospone su entrada en vigor, atendiendo a la gravedad social y económica vigente”.

A efectos recaudatorios, aseguran que este nuevo impuesto no aporta una contribución significativa a las arcas de la Generalitat y lamentan que no se tenga en consideración el esfuerzo que supone a muchos ciudadanos y empresas afectados por ERTEs, las restricciones y el endeudamiento que han sufrido para hacer frente a la pandemia. “Por todo ello, no lo pueden asumir en estos momentos tan inciertos y complicados”, añaden los firmantes de la carta.

Igualmente, el sector manifiesta su compromiso para frenar el cambio climático y pide impulsar políticas verdes que aceleren la transformación del sector de la automoción hacia las bajas emisiones o cero y, sobre todo, mirar hacia la recuperación de la economía del país, todo esto “sin ningunear” a una de las principales ramas generadoras de actividad, exportación y ocupación como es la automoción, con un PIB estimado del entorno al 10%. “El juego de equilibrios es difícil, pero hay que tener un orden de prioridades si queremos, entre todos, salir adelante”, destacan las entidades.

Por otro lado, y hasta el mes de mayo, la ciudadanía y las empresas no dispondrán del censo para poder conocer este nuevo coste al que tendrán que hacer frente si, finalmente, no se repiensa la situación. “El desconcierto y las explicaciones algorítmicas que lo permitan entender son inexistentes”, concluyen desde las tres patronales, que se comprometen a suplir esta carencia de información “puesto que estamos ante impuestos que pueden llegar alrededor de los 200 euros”. Además, creen que hay que conocer las peculiaridades de cada caso; por ejemplo, los vehículos antiguos y los que tengan el reconocimiento de clásicos han conseguido la bonificación del 100% como matrícula histórica.