“Ha llegado el día y la hora de emprender una acción global contra la economía sumergida, creando una mesa de trabajo y una campaña de concienciación donde se comprometan al máximo Gobierno, cabildos, ayuntamientos, patronales y ciudadanía”, según ha declarado José González, secretario general de Femete, entidad que muestra “nuestro apoyo total al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que en el XX Foro de Ciudades por el Empleo denunciaba que la economía sumergida supone un lastre para toda la sociedad, ya que hay personas trabajando con pequeños salarios y que, además, no cotizan y eso va en detrimento de toda la sociedad”.

El secretario general de Femete reclama “que se acometan, de una vez por todas, políticas serias para combatir una lacra que sufre en torno al 20% de la economía canaria, según nuestras estimaciones. Se trata de un porcentaje agónico que traslada el desánimo a las empresas que operan en la legalidad, debido a que no obtienen respuesta a sus continuas demandas, cebándose de forma especial en los talleres de mecánica y en colectivos vinculados a la construcción”.

En palabras de José González, “entendemos que es el momento de adoptar, sí o sí, medidas claras, efectivas, eficaces y puntuales que deben ir encaminadas a la puesta en marcha de una mesa de trabajo donde participen activamente Gobierno, cabildos, ayuntamientos y las patronales más afectadas, que realice una labor inspectora de todas las denuncias contra la clandestinidad, llevando a cabo un exhaustivo seguimiento que también implique a la Administración de Justicia y a la Guardia Civil. Al mismo tiempo, es fundamental proteger, promocionar y potenciar a las empresas y profesionales que cumplen con todas las normativas y que pagan los impuestos, por ejemplo, a través de la plataforma ya operativa Yo Soy Legal”.

El secretario general de Femete concluye con la necesidad de emprender una campaña de concienciación ciudadana “para que consuman en legal y no protejan la ilegalidad, que así lo hacen cuando aceptan el conocido ‘quiere usted factura o no'. Si seguimos con esas prácticas irregulares, perjudicamos gravemente a nuestros hijos, a nuestras familias, porque ellas son, directamente, las principales afectadas por las prestaciones sociales. En definitiva, una economía que quiere crecer tiene que basar su crecimiento en unos cimientos fuertes y estos seguirán siendo débiles mientras suframos las terribles consecuencias de tanta clandestinidad como opera en Canarias”.

Por su parte, el presidente de la patronal Femete, Alberto Villalobos, reitera la urgencia de “diseñar cuanto antes esa actuación conjunta en la que participen todas las partes implicadas, con el fin de atajar, de forma definitiva, un mal que arrastra tan devastadores perjuicios en el ámbito laboral, económico y social, atacando el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía canaria, dañando los servicios públicos que recibimos. De ahí el valor de que la estrategia incluya una campaña de sensibilización que informe y conciencie sobre la responsabilidad que todo consumidor tiene a la hora de combatir el fraude y la ilegalidad”.