Sylvia Gotzen, CEO de Figiefa, habló de la actividad de la asociación en defensa de la posventa independiente en Europa, explicando a los decisores de la Unión Eurpea la importancia de este mercado, asegurándose de que tienen en cuenta las necesidades de la posventa multimarca y defendiendo legislaciones que aseguren similares reglas del juego frente a los constructores de vehículos.

La legislación del “block exemption” expira en 2023. La Comisión Europea puede decidir si mantenerla, modificarla o cambiarla, y en estos momentos está analizando qué hacer. Uno de los aspectos más destacados es el acceso libre a la información técnica, en la que la información e identificación sobre piezas deberá aparecer en formatos “legibles por máquinas y procesables por bases de datos”.

Gotzen explicó que la Unión Europea está preparando el camino al coche conectado y autónomo, tanto a nivel de conectividad como de infraestructuras y desarrollo. “Los conductores esperan servicios digitales con información predictiva en remoto sobre su vehículo ante cualquier problema, y las empresas esperan diagnóstico remoto de sus flotas en tiempo real y adaptadas a sus necesidades para minimizar los costes de inmovilización”, añadió la CEO de Figiefa.

Además, para la diagnosis, reparación y mantenimiento, los datos del vehículo deberán ser accesibles. Aun así, ocurre que las herramientas de diagnosis multimarca no pueden usar el certificado del constructor del vehículo, lo que limita algunas de las acciones de borrado de códigos de error, por ejemplo. Por ello, Figiefa continuará trabajando para que todas esas funciones puedan ser accesibles por los distintos operadores.

La comunicación remota entre el coche y el operador que el conductor elija debe garantizar, entre otros aspectos, el acceso directo al flujo de datos, la libertad del consumidor y ser un acceso que no esté monitorizado por los marquistas, como sí lo está el denominado “extended vehícle”. El principal obstáculo a este acceso viene dado por la regulación de Naciones Unidas que, en aras de la ciberseguridad, deja en manos de los constructores decidir sus estrategias para garantizar esta seguridad, estrategias que pueden incluir negar el acceso completo al sector independiente.