Las empresas españolas no terminan de dar el paso con el vehículo eléctrico. Si bien el 62% de las matriculaciones de eléctricos se registran en este canal, lo que demuestra que existe un interés por esta tecnología eficiente, lo cierto es que no consiguen despejar la ecuación coste/uso. De ahí, que sólo el 16% de las compañías tenga intención de sumar estos coches eléctricos a su flota en 2020, frente al 25% del año pasado.

Así lo recoge la última edición del Observatorio del Vehículo de Empresa (CVO) promovido por Arval, compañía de movilidad de BNP Paribas. El estudio, realizado entre casi 4.000 gestores de flotas de pymes y grandes empresas de 13 países, muestra cómo, aunque la movilidad eléctrica y fórmulas que la ponen en valor como el carsharing han ganado popularidad, todavía necesitan recorrido para ser una solución consolidada en el mundo corporativo.

Más allá de las barreras tradicionales relacionadas con los puntos de recarga, la autonomía o el alto precio de compra, el CVO recoge cómo el posicionamiento actual de impulso a las energías alternativas, no refleja la opinión de la empresa en cómo hacerlo más eficiente ante la falta de una estrategia continuada de impulso al eléctrico.

Las dudas generadas en torno a la continuidad del Plan Movea, que estará en vigor hasta mediados de octubre, ponen de manifiesto que la empresa no entiende de incentivos puntuales para dar el salto a otra energía. De acuerdo al CVO, esta circunstancia explica que las compañías españolas con enchufables en su flota se hayan reducido de un 10% a un 6% en el último año.

En el contexto de Europa, España se sitúa en el tercio inferior de la tabla en intención de uso del eléctrico, que encabeza Holanda, donde las compañías que contarán con esta tecnología en el próximo trienio duplicarán a las españolas, hasta alcanzar el 35%. Este país cuenta con una red de postes de recarga diez veces superior a la de España y sus ayudas para la compra de eléctricos son más sustanciosas.

Por otro lado, los planes de movilidad de las ciudades no contemplan un análisis certero de los desplazamientos corporativos, lo que frena las inversiones a corto plazo, sobre todo en la gran empresa. Esto explica que si bien entre la pyme la intención de uso en los próximos tres años suba del 18% al 22% en el último año, entre las grandes sufra un retroceso de nueve puntos, al pasar del 43% al 34% en idéntico periodo.