La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) reiteró la petición de que el nuevo sistema que propone instaurar el Gobierno sobre el modelo de concesión de este servicio mantenga su independencia actual.
Luis Arias, su secretario general, recordó que está sobre la mesa una propuesta de modificación del real decreto que regula la instalación y funcionamiento de las ITV que suprime las incompatibilidades actuales para prestar este servicio, lo que haría posible que un concesionario o un gran flotista obtuvieran una licencia.
De producirse este hecho supondría que estos nuevos actores, con intereses particulares y directos, podrían realizar la inspección de vehículos que gestionan directamente o reparan en sus talleres.
A este tipo de incompatibilidades se refiere AECA-ITV en sus alegaciones a la propuesta de modificación formulada por el Gobierno para liberalizar un sector, que, por otra parte, ya lo está en varias Comunidades Autónomas, que son las que deciden al final qué modelo de inspección se implanta en su territorio.
La Asociación recalca, mediante un documento de argumentación jurídica, que la ITV se encuentra configurada como una actividad de inspección y certificación con naturaleza de función pública soberana que no debe dejarse al arbitrio de los particulares.
Añade el documento que toda función pública debe ejercitarse, por definición, en un marco de imparcialidad rigurosa y bajo un estricto control de la Administración.
Una supresión de todo tipo de incompatibilidades, como propone el Ejecutivo, es una decisión insólita en el ordenamiento jurídico español, que atenta contra el carácter público de la función inspectora.
Con la derogación de las incompatibilidades se aceptaría, por ejemplo, que una empresa de transportes inspeccionase sus autocares de transporte escolar o camiones de transporte de sustancias peligrosas o que el talle de un concesionario tuviese que admitir fallos en sus propias reparaciones.
AECA-ITV esgrime, entre otras, razones de seguridad vial, para oponerse a la desaparición de las incompatibilidades, un hecho que, además, invade las competencias de las Comunidades Autónomas. Algunas, como la de Madrid, ha cambiado el sistema de concesión a autorización, permitiendo que de 17 ITV se haya pasado, en dos años, a 51 instalaciones.
Las Autonomías de Castilla-La Mancha y La Rioja completan el listado de Comunidades que han liberalizado el sistema, mientras Cataluña y Canarias mantienen un sistema híbrido que está en redefinición.
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