Los talleres de reparación de la Comunidad Valenciana trasladaron al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, su preocupación por la proliferación del intrusismo en este sector y solicitaron la colaboración del Consell para acabar con una actividad que pone en peligro la continuidad de los cerca de 4.000 talleres que operan de forma autorizada en la Comunidad y de los 26.800 puestos de trabajo que generan.

Según manifestaron los representantes de la Federación de Automoción de la Comunidad Valenciana (Fautcova), integrada por las tres asociaciones provinciales de Alicante (Atayapa), Castellón (Astrauto) y Valencia (Fevauto), la lucha contra el intrusismo es una prioridad absoluta porque atenta contra la seguridad vial, industrial, medioambiental y la supervivencia de los talleres de reparación. Alertaron asimismo sobre el fraude fiscal que siempre conlleva la economía sumergida.

Durante el encuentro mantenido en el Palau de la Generalitat con el presidente participaron también el nuevo conseller de Gobernación, Luis Santamaría, y el secretario autonómico de Industria, José Monzones.

En él se abogó, a su vez, por perseguir la reparación y venta ilegal de vehículos en la vía pública, así como por articular medidas para que en las reparaciones para superar la segunda revisión en la ITV, tras un rechazo por un defecto grave, se acrediten con una factura donde conste el Registro Industrial del taller que la realiza.

Por su parte y para incentivar el consumo, proponen que desde la Generalitat Valenciana se impulsen planes de ayudas  a  la reparación, como los puestos en marcha en otras comunidades autónomas.

De igual forma, gracias a la colaboración de las tres asociaciones de talleres con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad implicados en la lucha contra el intrusismo se han intensificado las inspecciones en talleres para detectar irregularidades en la reparación de automóviles.

Esta actuación se concreta en la campaña Clau Anglesa de la Policía Autonómica que, desde hace dos años, trata de establecer un cerco a los talleres que actúan al margen de la Ley. Sobre la totalidad de los talleres visitados, un 17% se calificaron como ilegales tras detectar graves irregularidades en la documentación de los negocios y en las condiciones de los locales y empleados.