El Plan A del Ayuntamiento de Madrid pretende prohibir el acceso al área central de los camiones diésel matriculados antes del 2014 a partir del 2020. Desde Atradice consideran este polémico propósito “inviable, injusto e insolidario con el sector del transporte de mercancías”, informan nuestros compañeros de Todotransporte.com.

Para esta organización el gobierno municipal de la capital de España no tiene en cuenta la condición del transporte de mercancías como una actividad básica y fundamental para la ciudadanía (suministro de bienes de primera necesidad como medicamentos, alimentos o bebidas), así como para la economía, sectores como la hostelería, el comercio y el turismo necesitan el abastecimiento de sus productos.

Al mismo tiempo, advierten de que resulta inviable porque el sector no puede asumir una renovación de flota de la práctica totalidad del parque de camiones y furgonetas a partir del 2020, ya que el plan prohíbe el acceso al área central a camiones diésel destinados al transporte matriculados antes del 2005 a partir de 2019 y a los matriculados antes del 2014 a partir del 2020, “a lo que se une la ausencia de oferta de vehículos ecológicos destinados al transporte de mercancías por parte de los fabricantes“.

Por si fuera poco, “se genera una gran inseguridad jurídica, toda vez que la inversión es muy importante en este tipo de vehículos, sin embargo se prevé que a partir del 2020 se puedan modificar las condiciones de los vehículos para acceder al área central”, denuncian, para añadir que “también es injusto porque la actividad del transporte de mercancías por carretera está sometida a una autorización administrativa de transporte de ámbito nacional”.

Es por ello que es preciso que los planes de calidad del aire sean supramunicipales, a fin de establecer criterios homogéneos y unificados en todo el territorio nacional, si bien teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y particularidades de los municipios estableciéndose una catalogación de municipios con problemáticas análogas. “De lo contrario se corre el riesgo de que se generen efectos frontera dentro de nuestro propio territorio nacional, incluso autonómico, pues los requisitos exigidos en un determinado municipio pueden llegar a ser incompatibles con los exigidos en otro, lo cual genera un serio problema de inversión en flota a nuestras empresas”.

La batería de criticas desplegada por Atradice concluye con la calificación del plan de insolidario “porque el plan es más exigente y restrictivo con el sector del transporte de mercancías por carretera que con el vehículo particular, resulta incoherente que una de las principales líneas de acción del Plan sea reducir la intensidad del tráfico privado de vehículos motorizados y la promoción del transporte público, y se olvide que en el sector del transporte de mercancías por carretera existe la modalidad de servicio público y que este sector reduce los desplazamientos particulares, especialmente a raíz del auge del comercio electrónico“.