“Una estrategia propia de un sistema de planificación central a través del cual se pretende diseñar el futuro de un sector relevante de la industria catalana y española, el de la automoción. En eso se traduce la intención gubernamental de prohibir la matriculación de todos los vehículos salvo los eléctricos y los de hidrógeno en el horizonte del 2040. Esta medida se plantea sin prestar atención alguna a las negativas consecuencias sociales, económicas y medioambientales generadas por su implantación”.

Lorenzo Bernaldo de Quirós firma un artículo de opinión en el periódico La Vanguardia que recogemoa a petición de un lector muy cualificado de Posventa.info. Según el economista, el plan gubernamental afecta de manera directa a las expectativas de los consumidores y, por tanto, a sus decisiones. “A raíz de la crisis, la vida media del parque en las Españas ha pasado de 9 a 12,2 años. Esto significa la existencia de una demanda potencial acumulada, que ante un escenario de expansión económica tiende a materializarse en la adquisición de coches nuevos y, en consecuencia, en la renovación de la flota. Ahora bien, la determinación del Gobierno de sacar del mercado los automóviles que usan gasolina, gasóleo, híbridos autogás o gas, opciones preferidas por el 99,5% de los ciudadanos, desincentivará su venta a corto y medio plazo porque nadie invierte en un bien duradero que presenta una tendencia cierta a perder utilidad y valor a largo”.

Los proveedores de componentes verán descender la demanda y arrastrarán a la baja la de industrias auxiliares como la de estampadores de chapa, los fundidores de piezas de bloque, los inyectores de plástico, los forjadores de pieza o los concesionarios

Según Lorenzo Bernaldo de Quirós, “la compraventa de automóviles tendrá una trayectoria declinante que se acentuará a medida que se consoliden las iniciativas legales prohibicionistas. Esto conduce a una caída de la producción de las plantas de coches ubicadas en España, lo que tendrá un efecto depresivo sobre otros sectores industriales. En concreto, los proveedores de componentes verán descender la demanda y arrastrarán a la baja la de industrias auxiliares como la de estampadores de chapa, los fundidores de piezas de bloque, los inyectores de plástico, los forjadores de pieza o los concesionarios. Por supuesto, los concesionarios sufrirán el consiguiente quebranto en su volumen de negocio”.

“Si no se compran vehículos y no se moderniza el parque, éste envejece por definición”. Y, en palabras del economista, el problema central de la contaminación por emisiones, en especial los óxidos de nitrógeno (NOx), no es atribuible a los coches en términos genéricos sino a los viejos. “Las emisiones de un diésel moderno son seis veces inferiores en términos de NOx y diez veces menos en partículas que las de uno de hace quince años y equivalentes a las de un vehículo de gasolina. Si no se renueva el parque porque los ciudadanos deciden demorar la compra de un vehículo o renuncian a hacerlo ante la incertidumbre creada por la legislación, las emisiones no descenderán”.

La propuesta de eliminar los automóviles con motores de combustión interna a partir del 2040 refleja una carencia no ya de realismo, sino de rigor intelectual

“¿Cómo sabe el Gobierno qué tecnologías existirán dentro de 22 años? ¿Cómo sabe que las emisiones totales de CO2de un coche eléctrico serán entonces inferiores a las de un híbrido, un diésel, uno de gas o de gasolina? ¿Es capaz de anticipar la evolución tecnológica del motor de combustión? ¿Puede afirmar que la actual intermitencia de la electricidad, por muy renovable que sea la generación, será superada y no se necesitará quemar gas para producir la energía eléctrica sobre la que quiere asentar el parque móvil?” La respuesta a esos interrogantes es no, según el economista.

“El respeto al medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2 son una parte esencial de la agenda política y económica en todas las sociedades avanzadas. Ahora bien, su desarrollo ha de traducirse en una mejora de los niveles de vida y de bienestar de todos. Por eso, su implantación ha de realizarse desde la neutralidad tecnológica porque nadie tiene la facultad de conocer el futuro, por lo que primar unas tecnologías sobre otras no es sólo un ejercicio de arbitrariedad sino una injustificada transferencia de rentas de todos hacia los fabricantes de las elegidas por el Gobierno”.

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