Los compradores de turismos eléctricos o con etiqueta “cero” que tengan un sueldo neto medio de 21.161 euros anuales y hayan recibido las ayudas del Plan Renove o Plan Moves pagarán 1.200 euros en su próxima declaración de la renta, según Unoauto, el portal especializado en vehículo nuevo de Sumauto, a partir de cálculos efectuados por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) en la antesala del comienzo de la campaña de la Renta.

Ante esta cita de los contribuyentes con el fisco, que arranca el 7 de abril, la plataforma recomienda a los compradores de turismos que se hayan beneficiado de alguna ayuda pública declarar la cuantía que hayan recibido durante el pasado año, en el que estuvieron vigentes los Planes Renove y Moves, que busca fomentar la movilidad eficiente.

En este contexto, estima que los compradores de vehículos “ECO” recibieron 1.000 euros en ayudas (1.500 en caso de achatarramiento de un vehículo de más de 20 años) y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros (en el caso de percibir un sueldo medio). Por su parte, los compradores de vehículos con etiqueta “C”, que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF.

Por su parte, los compradores de turismos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible que tengan un sueldo medio de 21.161 euros anuales y hayan recibido las ayudas del Plan Moves pagarán también 1.200 euros en su próxima declaración de la renta. Lo harán tras haber percibido una ayuda de 4.000 euros, que se eleva a 5.500 euros en el caso de se produzca el achatarramiento de un coche y que eleva la factura fiscal a los 1.650 euros.

Unoauto explica que los incentivos constituyen una ganancia patrimonial que debe incluirse en la base imponible general del IRPF y tributarán en función de los ingresos y de la situación personal y familiar de cada contribuyente, mientras que los descuentos realizados directamente por el fabricante, concesionario o punto de venta del vehículo en cuestión no tributan por este impuesto.

Desde el portal especializado también advierten de que los compradores que no las declaren se exponen a tener que presentar una declaración complementaria que, en caso de no realizarla, llevaría a la Administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria de hasta el 50%, que podría reducirse por conformidad con la liquidación (30%) y por el pago de la sanción en plazo y sin recurso (el 25% de la sanción reducida por conformidad); es decir, el 26,25% de la cuota no ingresada.