El 64% de las empresas padece las consecuencias negativas de la morosidad y una de cada diez empresas está en riesgo de cierre debido al efecto de los incumplimientos de pago, según las conclusiones del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España elaborado por Crédito y Caución e Iberinform. El empeoramiento de los plazos de pago en el B2B completa las alertas de la edición 2017 del Estudio.

Pero uno de los datos positivos del estudio es la reducción paulatina, a lo largo de la crisis, de la bolsa de empresas que sufre impagos significativos, desde el máximo registrado en este estudio en 2012 al 26% de 2017.

Por segundo año consecutivo desde 2012, el documento registra un empeoramiento en el comportamiento de los plazos de pago. Sólo el 39% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, siete puntos menos que hace dos años.

Por su parte, el 83% de las empresas tiene que aceptar plazos superiores a los deseados por parte de sus clientes. El porcentaje más alto se refiere al 53% de las empresas que tienen relaciones B2B con grandes empresas, pero la capacidad de las pymes para imponer plazos de pago también afecta un porcentaje significativo de sus proveedores, el 42%.

Los problemas de liquidez han dejado de ser el principal motivo que explica la morosidad empresarial. El retraso intencionado es la razón más mencionada para explicar el retraso en pagos de clientes (53% de las empresas), por delante de la falta de disponibilidad de fondos (51%). “Dicho de otro modo: la falta de voluntad, por primera vez desde que se realiza este estudio, pesa más que la incapacidad de pago”, subraya el estudio.

También por segundo año consecutivo se produce un empeoramiento de las carencias en la gestión de clientes entre las empresas españolas. El 22%, una de cada cuatro, no utiliza criterios de solvencia en el análisis de su cartera. Este indicador mantiene una “sorprendente estabilidad” a lo largo de la serie histórica, según el informe, que no ha mejorado ni siquiera en los peores años de la crisis, “un síntoma de la desprotección estructural del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad”.

El estudio refleja una flexibilidad creciente de los plazos de cobro, como un elemento más de la relación comercial. El 83% de las empresas, el mayor un porcentaje registrado a lo largo del estudio, permite a sus clientes retrasos en pagos antes de considerar un crédito moroso e iniciar acciones de recobro. Y, en línea con la mayor flexibilidad de los retrasos en pagos, apenas el 7% de las empresas aplica intereses de demora de forma sistemática cuando un cliente se retrasa, el menor porcentaje de la serie histórica.