El Gobierno mexicano acusó hoy a la filial mexicana de Toyota Motor de usar un recurso legal para mantener sus beneficios arancelarios sin cumplir con el requisito de invertir al menos 80 millones de euros en el país. Esta declaración tiene su origen en el conflicto que arrastran Toyota y el gobierno mexicano como consecuencia de la pretensión de este en el sentido de modificar el "Decreto Automotriz", vigente en México desde el 2.003, para, de ese modo, aumentar la producción de 50.000 unidades/año, actualmente exigidas para estar registrado como productor y con ello mantener el beneficio de importar vehículos de esta marca de cualquier parte del mundo sin el pago de aranceles, como ya informamos en esta web.


La Secretaría de Economía de México ha reconocido que lToyota Motor Sales de México ha conseguido del Poder Judicial el amparo definitivo que evita que las autoridades modifiquen el Decreto de la Industria Automotriz con el requisito de elevar su producción anual de 50.000 a 100.000 unidades. De este modo Toyota, que ha contado con el apoyo de de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), evita la necesidad de realizar inversiones de al menos 100 millones de dólares para evitar el pago de aranceles.
"El recurso legal empleado por Toyota Motor Sales de México solo puede reflejar que la empresa busca seguir obteniendo beneficios sin realizar inversiones en nuestro país", ha acusado la Secretaría de Economía que, al tiempo, recordó que Toyota había informado de su intención de invertir unos 240 millones de euros en los próximos tres años, agregando que "de ser así, no se vería afectada de manera alguna por la modificación de dicho Decreto".