El incendio con heridos de un taller clandestino ubicado en los bajos de un bloque de viviendas de la capital, local que ya había sido denunciado por Adeabur y expedientado por el Seprona de la Guardia Civil, por la policía local y por la Inspección de Trabajo, ha acelerado e intensificado las gestiones de la asociación en defensa del sector.

A la acusada preocupación que este hecho producía fechas atrás en el Ayuntamiento burgalés se suma ahora la especial atención que a este problema, tan denunciado por las patronales de automoción, ha despertado en responsables de la administración central.

Es por ello que el Subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Sáiz, mantuvo a petición de Adeabur una prolongada reunión con la patronal donde recibió en persona y de primera mano detalle de la situación de los ilegales en esta provincia, así como las peligrosas implicaciones que este fenómeno suponen para la seguridad vial, la seguridad económica de los automovilistas, la seguridad ciudadana y la trasparencia y correcto ejercicio de la actividad del mercado de reparaciones, y cómo afecta negativamente a los negocios legales que generan puestos de trabajo de calidad.

Por expreso deseo del Subdelegado, estuvieron presentes en la reunión el subcomisario jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el Teniente Coronel de la Guardia Civil (máximo responsable de la comandancia burgalesa) y el teniente responsable del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de este cuerpo, y la Jefa del servicio de Inspección de Trabajo de esta provincia.

Por Adeabur, su presidente, Diego Díez acudió acompañado tres miembros de su Junta Directiva (el vicepresidente Ramiro Cuesta, la tesorera Nati Palacios y el vocal Jesús Santamaría) y del secretario general de Adeabur (Gabriel Martínez).

El Subdelegado, en nombre de la administración nacional, hizo propia la preocupación del sector y se ofreció a apoyar y ofrecer soporte a cualquier iniciativa de colaboración, en la línea de lo propuesto por Adeabur, para optimizar los esfuerzos y medios de la Administración para corregir o erradicar estas actividades clandestinas. Siendo la seguridad vial afectada y la precariedad, inseguridad y mala calidad de los puestos de trabajo de estas empresas clandestinas especiales puntos de su preocupación.

Por parte de Adeabur se ofreció la máxima implicación y colaboración para este fin. Fruto de ello, y partiendo de información y denuncias aportadas por Adeabur, se han derivado en los últimos dos meses más de veinte actuaciones (repartidas entre capital y diversas localidades de la provincia) de Guardia Civil, Inspección de Trabajo y de Policía Local documentando y expedientando locales donde se desarrollaban reparaciones sin disponer de prácticamente ninguna regularización legal ni administrativa. Alguno de los cuerpos intervinientes ha catalogado el nivel de exactitud y fiabilidad de la información manejada por la asociación de talleres superior al 95%, lo que ha permitido culminar con éxito la práctica totalidad de las actuaciones. A fecha de hoy, se mantienen en curso algunas investigaciones más, no concluidas por la dificultad que en ocasiones entraña acceder a algunos locales y documentar sus irregularidades.

Baste citar, sobre la renuencia de algunos clandestinos a regularizarse, que en estos dos meses se han detectado al menos dos casos de multireincidentes con varios expedientes anteriores en su currículo, alguno con importantes cargas de trabajo.