La viuda y el hijo del trabajador F.G.B, fallecido en diciembre de 2005 tras ser aplastado por un vehículo que cayó de un elevador que manipulaba en las instalaciones de Vepisa, ubicadas en Zaratán (Valladolid), recibirán una indemnización global superior a los 145.000 euros a causa del siniestro, del que han sido responsabilizados el jefe del taller, el responsable del departamento de chapa y pintura y un técnico de Fremap que elaboró el informe de evaluación de riesgos.

Así lo determina la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente y resuelve imponer penas de un año y tres meses de cárcel y otros tres meses de multa a Teodoro M.G, jefe del taller de Vepisa; Carlos A.C, responsable del departamento de chapa y pintura, y Javier C.S, técnico de Fremap.

El fallo de la Audiencia vallisoletana estima parcialmente los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 4 - en ella se absolvió al gerente de Vepisa, Ángel R.C - y, como únicas novedades considera al técnico de Fremap como autor, en lugar de como cooperador necesario de los otros dos trabajadores del concesionario. Aplica a los tres condenados la atenuante de dilaciones indebidas, circunstancia esta última que se traduce en una ligera rebaja de la condena impuesta en primera instancia.

En concepto de responsabilidad civil, los condenados habrán de satisfacer de manera conjunta y solidaria la suma de 145.000 euros para la viuda del fallecido y el hijo, que contaba 14 años cuando murió su padre, si bien la suma, dados los intereses de demora, podría duplicar dicha cantidad. De ella deberán responder de forma directa y solidaria las compañías Allianz, con un límite de 90.000 euros, y Mapfre, así como subsidiariamente Vepisa y Fremap.

El siniestro se produjo sobre las 16 horas del 27 de diciembre de 2005, cuando F.G, de 47 años y mecánico electricista contratado por la entidad Vepisa S.A, se encontraba desempeñando sus funciones en el centro de trabajo situado en Zaratán, donde se disponía a sustituir un manguito del circuito de refrigeración de un vehículo Opel Corsa.

Para realizar dicha operación, resultaba preciso manipular la parte inferior del automóvil, por lo que el operario utilizó el elevador, ubicado en la sección de chapa y pintura, alzando el automóvil a una altura de 1,78 metros.

Sin embargo, el dispositivo de bloqueo del brazo trasero izquierdo del elevador, que desempeña la función de impedir el movimiento y posterior desestabilización y caída del vehículo bajo carga, se hallaba estropeado desde hacía un mes, de manera que cuando el trabajador manipuló el vehículo, al no accionarse el sistema de bloqueo, el coche se inclinó hacia la parte delantera y se desplomó sobre él.

A consecuencia del aplastamiento, el operario padeció lesiones consistentes en politraumatismo, que provocaron su fallecimiento dos días después.

Tal y como recogió la sentencia en primera instancia ahora reproducida por la Audiencia Provincial, el equipo elevador carecía de certificado de adecuación y no había sido objeto de revisión ni reparación en el año anterior al accidente.

Este peligro de desplome o caída del aparato elevador no se encontraba previsto en la evaluación de riesgos correspondiente al puesto de trabajo que desempeñaba el fallecido, ni en la correspondiente a los equipos de trabajo.