Las empresas de la provincia tinerfeña integradas en Femete, vinculadas a las industrias del metal y nuevas tecnologías, podrán recibir asesoramiento para desarrollar e implementar planes de prevención de delitos y buenas prácticas (también llamado “Corporate Compliance”), identificando y clasificando los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las personas jurídicas que desarrollan actividades empresariales o profesionales en cualquier sector. Esto será posible gracias al convenio de colaboración que esta patronal ha firmado con Red 4 Abogados.
El acuerdo permitirá que la primera consulta siempre sea gratuita para las empresas o entidades asociadas a Femete. Posteriormente, se beneficiarán de un descuento del 10% sobre los trabajos que encarguen a Red 4 Abogados: estudios para evaluar los riesgos de la empresa y propuesta de las medidas de prevención a adoptar; confección de los protocolos y documentos; así como asesoramiento y asistencia para la implementación del Plan, lo que abarca, la asistencia para el establecimiento de los órganos de control de la empresa, en su caso, la formación de personal, la fijación del plan de comunicación establecimiento del canal ético, etc.
Este despacho explica que, “tras las sucesivas reformas del Código Penal, se impone el conocimiento de la situación por las empresas y hace más que recomendable la implantación de un Plan de Prevención Penal. Antes de la modificación legislativa de 2010 la persona jurídica no podía ser responsable penalmente por los delitos que sus empleados o directivos pudieran cometer en el seno de la organización. La situación actual es bien distinta, ya que la persona jurídica responderá de buen número de actos delictivos cometidos por aquellos en dicho ámbito. No obstante, quedará exenta si acredita de manera adecuada la implementación de un Plan de Prevención Penal que cumpla con los requisitos previstos en el Código Penal”.
Red 4 Abogados manifiesta que "el catálogo de delitos que pudieran conllevar responsabilidad penal para la empresa es ciertamente amplio, por lo que, al menos en abstracto, la gran mayoría de empresas pueden resultar afectadas. Situaciones tan habituales como el uso por empleados y directivos de la conexión a Internet de la empresa y sus dispositivos para la descarga de contenidos; la recepción por sus empleados o directivos de regalos provenientes de los proveedores o a la inversa, la realización de regalos por la empresa a sus clientes; la realización de pagos, incluso modestos, para colocar sus productos en detrimento de la competencia; o la propuesta por algún empleado o directivo de una idea sin comentar que se ha inspirado en otra muy parecida son, entre otras muchas, prácticas determinantes de un riesgo claro para las empresas".
En cuanto a los beneficios que el Plan de Prevención Penal aporta a la empresa, Red 4 Abogados apunta a que “protege a la empresa de las consecuencias penales que pudieran derivarse de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Redunda en un ahorro de costes, por su incidencia sobre las sanciones, o los costes de imagen por malas prácticas. Permite detectar multitud de riesgos en los procesos de trabajo de la compañía, de modo que se evitan incidencias que podrían entrañar indemnizaciones civiles o sanciones administrativas, por ejemplo, en el ámbito laboral, medioambiental, fiscal, etc. Evalúa la cadena de mando de la compañía y mejora del control interno de la persona jurídica. El mayor grado de control en el seno de la empresa tiene un efecto disuasorio sobre aquellos empleados o directivos que pudieran tener intención de cometer delitos. Facilita la contratación de seguros de responsabilidad civil y penal, para la empresa y el personal directivo. Favorece las negociaciones con bancos y socios financieros, que valoran positivamente o, en según qué casos exigen, la tenencia por la empresa de sistemas de cumplimiento normativo”.
(Foto: el presidente de Femete, Alberto Villalobos Márquez, junto con dos de los administradores de Red 4 Abogados, Carolina Román Montoto -izquierda- y Pilar Valladares Salmerón -derecha-).
Las mayores barreras para el cambio es la baja demanda de los clientes, la falta de equipos y una demanda de más apoyo y oportunidades de formación, según el último estudio de Meyle.
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