Aneval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado del rent a car, reclama a los ayuntamientos que las normas de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sean claras y se publiquen con cierta antelación para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente para adaptarse.

El pasado 1 de enero entraban en vigor las nuevas ZBE que afectarán a 149 municipios en los que residen 25 millones de españoles -el 53% de los habitantes de nuestro país (INE)-, pero hasta la fecha solo una veintena han iniciado la presentación de sus medidas. Por otro lado, la plataforma en la que está trabajando la DGT y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales también debería ponerse en marcha lo antes posible.

Tanto el rent a car, que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones. Esta plataforma debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una ZBE.

El rent a car confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos. Según Aneval, la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas. Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), Santander y Torrelavega no implantarán las ZBE antes de 2024.

En este contexto, el rent a car recuerda que es una alternativa sostenible a la movilidad en las ciudades, “con una flota joven, segura y limpia”, en la que 7 de cada 10 vehículos son de bajas emisiones -emiten menos de 120 gramos de CO2 por km-, y 9 de cada 10 coches se renuevan cada año. En este sentido, el Ayuntamiento de Valladolid, en su ordenanza reguladora recientemente publicada, da por hecho que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad.

Según el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada, “nuestro espíritu como máximo exponente del coche compartido es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes pero, siempre y cuando, las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad. Pedimos a las Administraciones locales que cuenten con Aneval a la hora de desarrollar estrategias de movilidad”.