La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a través de sus delegaciones territoriales, abrió expediente durante el año 2014 contra 218 talleres de automoción presuntamente ilegales, es decir, establecidos sin cumplir los requisitos técnicos, económicos o administrativos marcados desde la Administración para cualquier actividad económica.

 

La medida, auspiciada en distintos foros por las propias asociaciones profesionales del sector de la automoción, pretende contribuir a erradicar la economía sumergida de este ámbito.

"El control de los talleres mecánicos fortalece a su vez las garantías en cuatro ámbitos complementarios: medioambiental, consumidor, seguridad vial y derechos de los trabajadores", opina María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que también remarca la importancia de este tipo de campañas para reducir la competencia desleal.

Estos expedientes constituyen aproximadamente un tercio del total de denuncias que se registraron el año pasado, formuladas principalmente desde el sector y el Seprona. Las fuentes precisan que hasta el momento se han resuelto 92, cifra que equivale al 35,3% de las tramitadas.

Por lo que respecta al valor económico de las sanciones ya resueltas, supera los 197.000 euros, si bien "es probable que este volumen siga aumentando a medida que se incremente la tramitación de las denuncias y de los expedientes informativos y sancionadores".

En palabras de Asensio, lo más importante no es la cuantía de la sanción, sino terminar con esa sensación de impunidad que envuelve a quienes realizan estos trabajos de manera ilegal, y por tanto sin garantías de ningún tipo. "La Administración está haciendo su trabajo, que es vigilar que todo está en orden y sancionar, y corregir los casos en que esto no ocurra".

Esta iniciativa forma parte de las distintas actuaciones que la Consejería, como organismo con competencias en la materia, lleva a efecto en beneficio de un parque automovilístico seguro.

La directora general de Industria considera que "en momentos económicos difíciles, en que el parque de vehículos se está envejeciendo - con las consecuencias negativas que esto genera para la seguridad vial y la protección del medio ambiente -, es necesario que los talleres realicen sus funciones reglamentariamente y con todas las garantías, en beneficio de todos".