Tras meses de averiguaciones, investigación y documentación de la denuncia, al menos siete ubicaciones de actividades de reparación clandestinas han sido denunciadas en los últimos meses por Adeabur, la patronal burgalesa de talleres. Fruto de este trabajo conjunto, tres instalaciones ilegales (dos en la capital y una en el norte de la provincia, en la localidad de Villarcayo) han sido expedientadas tanto por la Benemérita como por la Inspección de Trabajo, dadas las evidentes y diversas irregularidades que presentaban.

Según indican fuentes de Adeabur, no se descartan nuevas intervenciones en las próximas semanas, habida cuenta la existencia de más instalaciones investigadas y documentadas y que una actuación conjunta de estas dos administraciones conlleva un calendario de coordinación que impide una mayor agilidad, informan desde Conepa.

Por su parte, el presidente de Adeabur, Diego Díez, se muestra “notablemente satisfecho, a la vista de la efectiva y ágil respuesta que desde hace tiempo viene demostrando tanto el Seprona, con quienes venimos colaborando con gran efectividad desde hace más de dos años, como de la Inspección de Trabajo”. En opinión del secretario general de la patronal, Gabriel Martínez, “es notorio el esfuerzo desarrollado por los funcionarios habida cuenta de que la actuación se enmarca en pleno periodo estival, en el que la carencia de personal y la acumulación de trabajo por situaciones estacionales supone un plus de esfuerzo para ambos actuantes”.

Esta actuación de Adeabur supone la continuidad de una línea de trabajo en defensa de los legítimos intereses del sector y que se suma al trabajo acumulado durante tres años, durante los que se han identificado, localizado y denunciado cerca de 30 localizaciones de reparadores ilegales. Tal actividad se realiza en paralelo con la desarrollada por Conepa a nivel nacional y otras asociaciones federadas en sus respectivas localizaciones.

Finalmente, desde la Federación Española indican que la Junta Directiva de Adeabur ha acordado recientemente intentar un seguimiento cercano de los expedientes que se inicien, para impulsar una "más contundente y efectiva actuación administrativa en otras administraciones competentes". A tal fin ya se dirigió en el mes de julio a la Subdelegación del Gobierno en Burgos, interesándose por la información sobre los expedientes iniciados por el Seprona y a qué administraciones habían sido trasladadas las denuncias de los dos últimos años.