Las empresas de concesionarios sevillanas, agrupadas en Asconse -perteneciente a la patronal Fedeme-, a las que se ha sumado la Federación regional (Fecoan), piden que se abra el abanico de ayudas en la comunidad autónoma andaluza más allá de los vehículos eléctricos, al igual que contemplan los planes puestos en marcha por el País Vasco y, recientemente, también por la Xunta de Galicia, informa el ABC de Sevilla.

En este sentido, representantes de Fedeme han presentado al consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, un documento de propuestas orientadas a la dinamización del sector de la automoción en la comunidad. En el informe, elaborado por Asconse, se expone el contexto actual del sector, una coyuntura que, después de diez meses continuados de caída de ventas, estos empresarios no dudan en calificar ya de "crisis".

Los concesionarios dan esta voz de "alarma" y denuncian las dudas generadas por el Gobierno central entre los consumidores sobre el tipo de coche que conviene comprar, ante la demonización que desde las instancias políticas se ha hecho el diésel. Una incertidumbre que ha frenado en seco al mercado, aduce el sector.

Asconse esgrime ante la Junta el peso en Andalucía del tejido las empresas de concesionarios, formado por 836 pymes, que dan empleo a más de 17.500 personas y generan más de 6.250 millones de euros de facturación, lo que equivale al 3,26% del PIB regional, incide.

Los concesionarios sevillanos proponen tres bloques de medidas: además del desarrollo de nuevos programas de incentivos, reclaman la eliminación del incremento del impuesto de matriculación que se aplica en Andalucía, un recargo de más de dos puntos sobre la tasa nacional. En concreto en Andalucía el tipo es del 16,90% frente al 14,75%; y del 13,80% respecto al 12% nacional, dependiendo los niveles de emisiones y el tamaño de los vehículos.

El tercer bloque se refiere al modelo contractual que rige entre los concesionarios y las marcas, que los distribuidores consideran "desequilibrado" en favor de estas últimas. Asconse pide "la implicación del Gobierno autónomico en el establecimiento de unas relaciones comerciales equitativas y un marco jurídico estable para el sector de la distribución de la automoción".