“Si bien no se puede negar que varios países europeos han anunciado medidas para la descarbonización del parque automovilístico, el fondo y la forma difieren en puntos fundamentales, sobre todo respecto del carácter prohibicionista que presenta el proyecto de Baleares”, destacan desde ANFAC. “Pocos países han tomado verdaderamente medidas legislativas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna”.

En todos los casos, ANFAC destaca que la acción legislativa aprobada no es vinculante, sino que las restricciones se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos. “Las iniciativas en la mayor parte de los países se limitan en este momento a promesas o titulares en los medios de comunicación, sin tener una trasposición real a nivel legislativo”, indican desde la patronal, para añadir que lo que sí han establecido varios países europeos limitaciones a la circulación de vehículos de diésel o gasolina en zonas denominadas “de bajas emisiones” en entornos urbanos en función, en varios de los casos, de un etiquetado ambiental que discrimina a los automóviles por su potencial contaminador, que depende, fundamentalmente, de su antigüedad.

Además, las medidas de restricción vienen acompañadas de “abultados presupuestos” orientados, según la asociación, a la descarbonización del transporte desde distintos puntos de vista: desde ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos también de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones, hasta impulso a la instalación de infraestructuras, mejora de la movilidad ciudadana o apoyo a las inversiones industriales.

Desde ANFAC resaltan, como vienen haciendo desde que se conoció esta medida, que “si bien los fabricantes comparten plenamente el objetivo de descarbonización del parque y están haciendo esfuerzos multimillonarios para ampliar sus flotas de vehículos con cero y bajas emisiones, no podemos apoyar medidas basadas en el prohibicionismo y contrarias al principio de la neutralidad tecnológica, principio que refrenda Europa con sus medidas”.

• Reino Unido. Aunque se apunte a una prohibición de los vehículos de combustión en 2040, la estrategia 'Road to Zero' no tiene rango de Ley. Establece el objetivo de que todos los coches y furgonetas nuevas en 2040 sean cero emisiones y que todo el parque esté descarbonizado en 2050. No prohíbe tecnologías en particular. Pero, además, una de las principales metas de esta estrategia es “mantener a la industria automovilística británica como líder en el diseño y la fabricación de vehículos cero emisiones”. Cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de libras para la descarbonización del transporte, de los que 1.500 millones están dedicados a ayudas a la compra de vehículo cero emisiones y despliegue de infraestructuras, así como a la financiación de proyectos industriales y de I+D. Prevén la creación de un Automotive Council para la colaboración público-privada con el sector, estrategia acompañada de un Plan de Calidad del Aire para las distintas localidades.
• Francia. La Ley de Ordenación de la Movilidad, cuya publicación está prevista para próximas fechas, enfoca la mejora de la movilidad desde un punto de vista amplio, abarcando el vehículo privado y la mejora de infraestructuras ferroviarias o las carreteras. Estos objetivos llevan aparejados unos instrumentos de acompañamiento que incluyen incentivos a la renovación del parque con vehículos eléctricos o combustión con emisiones menores a 130 gr CO2/km, ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y medidas de modernización de las redes. Incluye una partida para el desarrollo de una movilidad limpia y compartida. Además, promueve la implementación de planes de calidad del aire en los municipios. El presupuesto total asciende a 20.700 millones de euros. París, Grenoble o Estrasburgo ya tienen zonas de bajas emisiones delimitadas a partir de un etiquetado medioambiental en función del potencial contaminador.
• Alemania. El país ha desarrollado un plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto comprometido de 3.200 millones de euros. Este plan incluye 1.200 millones de euros subvenciones de hasta 3.000 euros por vehículo en caso de la compra de un híbrido y de hasta 4.000 euros si se trata de un eléctrico. Crea un fondo de 300 millones para la instalación de infraestructuras de recarga y dedica 2.200 a potenciar la investigación en movilidad eléctrica. Berlín, Hamburgo y Stuttgart tienen marcos regulatorios para el establecimiento de zonas de bajas emisiones, cuyas restricciones están basadas en un etiquetado medioambiental.
• Países Bajos y Dinamarca. Ambos países coinciden en la necesidad de descarbonizar el transporte pero también la generación de energía. Holanda apunta a eliminar el carbón y el gas del mix energético y que el 100% de los vehículos nuevos sean cero emisiones en 2035. Dinamarca apunta a que el suministro de energía para el transporte provenga de fuentes renovables en 2050, lo que implica que el sector tendrá que afrontar una transición ecológica en los próximos años. Se han dotado en ambos casos de ayudas fiscales a la compra de vehículos cero y bajas emisiones.