“Fraude, ilegalidades, bricolaje,… ¿qué hacer frente a este tipo de problemas?” fue una de las mesas de debate sobre posventa que acogió la XII edición del Foro de VO y Posventa, celebrado el 4 de octubre en Madrid. Bajo la batuta de Rafael Pardo, director general de Aedra, tomaron la palabra Jesús Castillo, director comercial Continental Automotive Aftermarket; José Fernando Martínez, director general Delfín Grupo; Miguel Ángel Jimeno, editor de la Revista Talleres en Comunicación y Posventa.info; y Julian Madruga, director de relación de empresas adheridas a Signus.

“La posventa no es ni mucho menos un ejemplo definitorio del fraude. En todos los sectores hay fraude”. Con estas palabras iniciaba su intervención Miguel Ángel Jimeno, quien aludió a CAPA, la Comisión Antipiratería que cuenta con el impulso de Afiba y Ancera, que se dedica a perseguir el fraude en el software y hardware, el pirateo de sistemas de diagnosis. “Hay software de información técnica de procedencia rara y, ante ese tipo de problemas, CAPA invierte en perseguir el fraude. No es sólo detectarlo y denunciarlo, sino presentarse como parte en los tribunales y seguir en todo el proceso”, destacó el editor de Talleres en Comunicación.

Algo similar pasa con las asociaciones de talleres. Según Miguel Ángel Jimeno, “se da por entendido que una de cada cinco operaciones que se realizan en el taller no tienen factura, no se han reciclado los materiales de forma adecuada o se han realizado sin la formación adecuada. Cetraa y Conepa están denunciando a los “ilegales” e impulsado a que los talleres que hacen esa competencia desleal se reconviertan”. En sus palabras, “que las asociaciones se mojen en las denuncias es importante”.

El catálogo de ilegalidades es amplio: no se sabe muy bien si los talleres móviles son ilegales o no, si es necesario que trabajen bajo el auspicio de un taller con sedes fijas; o, incluso, si los desguaces cumplen con sus obligaciones con la Agencia Tributaria. “En definitiva, faltan las administraciones públicas como interlocutor”, señaló Miguel Ángel Jimeno, quien defendió la buena labor de la Guardia Civil y del Seprona. “Sin embargo, hace falta que las Administraciones se comprometan a desarrollar leyes que nos defiendan”.

Por otro lado, en Continental Automotive Aftermarket son los primeros interesados en combatir la lacra del fraude. “El fraude al cliente, que la reparación no sea la adecuada y afecte a la seguridad vial”, aseguraba Jesús Castillo. “El taller es un pilar imprescindible para evitar víctimas mortales de accidentes y son cada vez más las empresas que están trabajando en esa dirección”. Datos del RACE muestran cómo han aumentado un 15% los problemas del motor por falta de mantenimiento. Según Castillo, “es preocupante el estado de los coches por la reducción gasto en mantenimiento. El fraude sólo quiere aumentar las ganancias. El bricolaje sin asistencia ni regulación afecta a la seguridad vial”.

Por su parte, José Fernando Martínez, director general Delfín Grupo, defendió la profesionalidad del sector del VFU por la adopción de una legislación más agresiva que regulariza el segmento de los desguaces, así como un mayor nivel digitalización para un control más exhaustivo de su actividad. En cuanto al fraude, el responsable señaló que “hoy en día se puede vender recambio usado a la exportación a muchos países europeos. El fraude lo tenemos en campas ilegales que no tienen permiso de CAT, o en Internet, donde se pueden encontrar piezas de segunda mano que se venden por particulares, que son vendedores encubiertos”.

En su opinión, “en todas las plataformas digitales, además de estar empresas profesionales, están gente ajena al sector. También gente que compra coches al contado para desguazarlos y venderlos por piezas. Y ésto estropea la imagen de gente muy profesional”. José Fernando Martínez también hizo hincapié en que “desde las asociaciones intentamos trabajar por que haya normativas que exijan que, cuando haya un vehículo con un accidente, o bien se puedan reparar y poner en circulación tras una ITV especial, o vayan a un desguace, a un CAT autorizado”.

En el ámbito del neumático, Julián Madruga explicó el objetivo de los SIG y de su lucha contra la ilegalidad. “El fraude está en todas aquellas empresas que introducen neumáticos y no asumen la responsabilidad de declararlos. Tenemos unas 37.000 toneladas, unos 3,5 millones de neumáticos, no controladas medioambientalmente. También existen agentes que importan neumáticos de forma incontrolada. Se estiman que entran en España 2,5 millones de neumáticos usados”.