La Comisión Europea y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación por posibles prácticas monopolísticas que afecta entre otras a la estadounidense TRW Automotive, que tiene fábricas en Alemania, y a la sueca Autoliv, aunque esto no significa que las compañías investigadas sean culpables de ello. Como se sabe, ambas firmas son dos de los grandes especialistas mundiales en el ámbito de sistemas de seguridad como airbags, cinturones de seguridad y direcciones.
Texto: Jorge Palacios
A principios de junio último saltaron a los medios de información las primeras noticias sobre el asunto y aunque un manifiesto oficial al respecto de la Comisión Europea no mencionaba en concreto de qué compañías se trataba, pocas horas después TRW Automotive emitía un comunicado oficial desde su sede central en Estados Unidos en el que reconocía haber recibido demandas de información por parte de las autoridades europeas para la libre competencia relativas a una investigación que éstas últimas estaban llevando a cabo. TRW admitía en el mismo comunicado que desde las autoridades antimonopolio estadounidenses también se había formulado una petición de datos relacionada con la de las autoridades europeas. TRW añadía que estaba colaborando activamente con las autoridades mencionadas para atender sus demandas de información.
Por su parte, Autoliv, que había sido ya citada por el gran jurado estadounidense el 8 de febrero de 2.011 en nombre de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de ese país, para aportar información y documentos concernientes a una larga investigación sobre posibles prácticas restrictivas de la libre competencia de algunos proveedores de la industria del automóvil, también reconoció haber recibido la visita de las autoridades europeas de la competencia, entre los días 7 y 9 de junio en dos de las plantas de su subsidiaria alemana, Autoliv BV & Co. KG.
La compañía sueca advertía ya en ese momento a los inversores que, aunque las investigaciones no habían concluido, era probable que las obligaciones derivadas de ellas afectasen negativamente a los resultados operativos y el flujo de caja de la compañía, pese a que era muy complicado entonces efectuar una valoración concreta del impacto.
También TRW Automotive señalaba el 17 de julio, en otro comunicado, que las autoridades europeas de la competencia habían visitado alguna de sus fábricas alemanas de sistemas de seguridad y advertía que, debido a que este tipo de investigaciones podían llevar mucho tiempo, le era imposible estimar el impacto económico que podrían tener las sanciones que supuestamente pudieran imponer dichas autoridades. Subrayaba, no obstante, que las multas - en caso de imponerse - pueden llegar a ser significativas, a la vista de las que culminaron las investigaciones del comisario de la Competencia en otros sectores de actividad.
Sanciones cuantiosas
En efecto, la Comisión Europea puede llegar a sancionar con un 10 % del volumen anual de negocios, que en el caso de TRW ascendió el pasado año en unos 10.000 millones de euros. En el caso de Autoliv, unos 4.980 millones. Pero hasta ahora no se han impuesto sanciones de tanta cuantía, amén que los sancionados suelen recurrir las multas y el proceso se prolonga mucho en el tiempo. El ejemplo más sonado fue, a finales de 2.008, el de las sanciones que se impusieron a cuatro fabricantes de vidrio para parabrisas y ventanas del automóvil (Asahi, Pilkington, Saint-Gobain y Soliver), un total de 1.400 millones de euros por intercambiar datos comerciales e intentar repartirse el mercado. Algunos fabricantes de automóviles han interpuesto posteriormente denuncias contras esas cuatro firmas.
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Autoliv es un vivo ejemplo de la consolidación referida, ya que desde 2.000 ha venido absorbiendo a razón de una compañía por año. Los cuatro competidores de vidrio mencionados controlaban el 90 % del mercado cuando fueron sancionados.
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que las autoridades europeas de la competencia habían visitado alguna de sus fábricas alemanas de sistemas de seguridad y advertía que, debido a que este tipo de investigaciones podían llevar mucho tiempo, le era imposible estimar el impacto económico que podrían tener las sanciones que supuestamente pudieran imponer dichas autoridades. Subrayaba, no obstante, que las multas - en caso de imponerse - pueden llegar a ser significativas, a la vista de las que culminaron las investigaciones del comisario de la Competencia en otros sectores de actividad.
