De aprobarse esta norma, Faconauto cree que se pondrá “en serio peligro” el sector de la distribución y reparación de vehículos en las Islas, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99% de las matriculaciones. Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.

La patronal, que apoya la denuncia de ANFAC ante la Comisión Europea, advierte, además, que la futura norma es “irresponsable en los plazos, no responde a las necesidades de los conductores ni a esta realidad de mercado, en la que los nuevos vehículos diésel y de gasolina seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones, por su consumo eficiente de combustible y porque los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente”.

Desde el punto de vista legal, el proyecto de Ley balear invadiría competencias estatales y de la UE, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE (marcado CE). “La marca CE es como un 'pasaporte' para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea. Por ello, una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE, lo que iría también contra irrenunciable como es la unidad de mercado”, indican desde Faconauto.

La patronal de los concesionarios considera que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en las Islas Baleares es propiciar la retirada de la circulación los vehículos con más de diez años, más contaminantes e inseguros. La edad media del parque automovilístico balear se sitúa en 12,7 años, por encima de la media nacional, que fue de 12,1 años.

Finalmente, Faconauto advierte que la implantación masiva de los vehículos eléctricos recogida por el anteproyecto balear será imposible si desde el Gobierno autonómico no se incentiva su adquisición mediante un plan continuado en el tiempo y bien dotado presupuestariamente, y que debe facilitar la extensión también de los puntos de recarga.