El BOE, del 20 de marzo, publica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, en la que se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general.
“El comercio de recambios puede abrir sus establecimientos (jurídicamente hablando) para vender a talleres de reparación, no así, para venta al público”, confirman desde Ancera, que alerta de la caída del 95% de la actividad del sector debido a las limitaciones de movimiento declaradas por el estado de alarma. “Además, el sector está viviendo una falta de suministros que no nos permiten, en muchos casos, la comercialización de piezas”, añaden desde la patronal.
Por esta razón, Ancera está solicitando a la Dirección General de Trabajo que se acepten los ERTEs por fuerza mayor, “en vista de las circunstancias devastadoras para nuestro economía y sector, para la supervivencia de nuestras empresas y, por lo tanto, para el empleo que generamos”. La presentación de estos expedientes por causa de fuerza mayor es, según la asociación, “la vía que menos nos perjudica y la que debe ser aceptada por parte de la Administración”.
“El sector de la posventa debe estar amparado por la declaración del estado de alarma”, continúan desde la patronal, ya que “en estos casos está acreditada la imposibilidad de seguir prestando servicios -total o parcialmente- causada por las distintas medidas de contención incluidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como indica la Dirección General de Trabajo”.
Igualmente, Ancera destaca que, “atendiendo a la interpretación del Ministerio de Trabajo, también podríamos acceder a una fuerza mayor ante la falta de suministros que impide gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del COVID-19”.
Junto a CEOE, Cepyme y los sindicatos UGT y CC.OO, Ancera entiende que los ERTEs por fuerza mayor deben ser aceptados. De hecho, la patronal asegura que “son los propios trabajadores y sus comités de empresa los que nos piden que realicemos este ERTE por fuerza mayor”, ya que “es la mejor opción que éstos consideran para proteger la situación de los empleados y sus puestos de trabajo”.
Asimismo, Ancera entiende que debe establecerse un silencio administrativo positivo con el fin flexibilizar la aceptación de los ERTEs por fuerza mayor, reducir la carga de la Administración y no crear un mayor pánico e incertidumbre en las empresas y empleados.
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