La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebró que comience el trámite parlamentario del régimen sancionador, con el que está previsto que se multe a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos que estipula la ley.

Para su presidente, Antoni Cañete, este hecho es de gran trascendencia, “porque cambiará la dinámica de pagos de nuestro país, acabando con esta práctica abusiva que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas desaparecidas desde el inicio de la crisis”.

En este sentido, el dirigente quiso destacar la importancia de la futura puesta en marcha, debido a que las empresas de todos los sectores, ya sin excepción, tendrán las mismas consecuencias ante el incumplimiento de la Ley de Morosidad, “puesto que hasta el momento tan solo las compañías pertenecientes al sector del Comercio Minorista contaban con un régimen sancionador”.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 22 de enero por Convergència i Unió (CiU), tal y como había anunciado su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, durante la II Cumbre de Morosidad que organizó la PMcM.

En ese acto, el resto de grupos parlamentarios presentes se comprometieron públicamente a apoyar esta iniciativa, en cuyo contenido se ven recogidos tanto el espíritu como las reivindicaciones que ha solicitado reiteradamente la PMcM para que la ley fuera efectiva. 

El presidente de la PMcM recordó asimismo que el régimen sancionador, que modifica la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad y tiene como objetivo fundamental normalizar los pagos entre compañías regulando un sistema de infracciones y multas, era la condición indispensable para hacer cumplir la ley.

Pero, para ello, agregó, es necesario que los grupos parlamentarios cumplan su palabra para que la propuesta de ley de CiU prospere y, de este modo, se ponga en marcha lo antes posible el régimen sancionador”.

Tras el análisis de la propuesta de CiU, Cañete se congratuló que esté en la misma línea que las históricas reivindicaciones de la PMcM. No obstante, detectó algún apartado que considera recomendable modificar para que este sistema sea “realmente disuasorio en los casos más extremos”.

En su opinión, debe ser a través de multas ejemplarizantes, por lo que debería incrementarse el importe mínimo para las infracciones muy graves.